La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) publica la última entrega de su Informe sobre la percepción de la Calidad de los Servicios Públicos.
En este documento se aborda el análisis de la percepción de los residentes en España con respecto a distintas políticas y servicios públicos y su evolución en los últimos años. En concreto, se estudia en 2015 la importancia que los ciudadanos conceden a los servicios públicos y el grado de satisfacción con un amplio abanico de políticas y servicios sectoriales. Este informe pone de manifiesto que mejora ligeramente la percepción de los españoles acerca del funcionamiento de los servicios públicos y aumenta el volumen de ciudadanos que acuden a las oficinas de la Administración Pública.
Como otros años, también se analizan en detalle las opiniones y hábitos de los ciudadanos en relación con los servicios públicos de carácter administrativo y con la administración electrónica. Concretamente el capítulo IV se centra en "La ciudadanía y la administración electrónica" analizando diferentes variables como el uso de los servicios electrónicos frente a otras modalidades de acceso (presencial, teléfono, correo o fax), las webs más utilizadas, tipo de acción realizada y frecuencia de uso, y la satisfacción y las oportunidades de mejora de la administración electrónica a juicio de los ciudadanos.
Según refleja este estudio, un 75% de los ciudadanos considera encontrarse satisfecho o muy satisfecho con los servicios de la administración electrónica.
Además,si se comparan los niveles generales de satisfacción de los usuarios según los diferentes canales de contacto con las administraciones públicas, los niveles más elevados se consiguen en el acceso por internet seguidos de cerca por la tramitación presencial (73%). La diferencia más importante se produce con respecto a la atención telefónica o por correo y fax, sobre todo en los casos en los que se encuentra totalmente automatizada.
Por último, se estudia en esta ocasión la percepción ciudadana acerca de la implementación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, fundamentalmente el grado de conocimiento de las medidas recogidas en el texto legislativo y la valoración de los ciudadanos sobre su puesta en funcionamiento.
