El informe State-of-play report on digital public administration and interoperability 2023
, de la Comisión Europea, muestra que los países europeos han adoptado una amplia gama de iniciativas para facilitar su camino hacia un sector público más digitalizado, lo que confirma una tendencia que ya se ha observado desde hace algunos años, especialmente después de la pandemia de COVID-19. Asimismo, del informe se desprende que las administraciones públicas siguen persiguiendo un “cambio de mentalidad” en lo que respecta al uso de herramientas digitales y la concepción de los servicios públicos digitales, poniendo en el centro el usuario, la usabilidad y la interoperabilidad.
España, tal y como refleja el Seguimiento del Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) , lidera la media de resultados en los tres campos analizados: KPIs, Recomendaciones del EIF y Pilares del EIF. El Mecanismo de Seguimiento del EIF está organizado en tres pilares (Principios, Niveles y Modelo conceptual de la interoperabilidad) que agrupan 47 recomendaciones y 68 KPIs. En la mayoría de estos indicadores, España se sitúa por encima de la media europea. Así, en 43 de las 47 recomendaciones España obtiene la máxima puntuación, situándose en el grupo de países con alto rendimiento.
El informe de este año destaca dentro del apartado de Intercambio de datos entre administraciones el caso de España, cuyos registros-base desarrollados a nivel local, autonómico y nacional están interconectados a través de la Plataforma de Intermediación de Datos: “En constante expansión, la plataforma permite a cualquier administración consultar 130 certificados ofrecidos por más de 45 proveedores de datos. Las bibliotecas de software desarrolladas por la plataforma se pueden utilizar como parte del software de integración para facilitar la conexión de los registros base a la plataforma.”
En el apartado de ‘Elaboración de políticas preparadas para lo digital’, el informe destaca entre las mejores prácticas los países que han decidido medir el impacto digital de las legislaciones antes de su adopción; en el caso de España señala que “de acuerdo con el Código de Administración Electrónica, España emite informes de impacto regulatorio para cada proyecto de ley, que evalúan el nivel de digitalización de una determinada propuesta considerando la simplificación administrativa con procedimientos digitales, entre otros criterios.”
En el apartado de Inteligencia Artificial, el informe cita en el caso de España el Real Decreto-Ley 9/2021 sobre algoritmos, inteligencia artificial y derechos de los trabajadores, que introdujo el derecho de los comités de trabajadores a ser informados por la empresa sobre los parámetros, reglas e instrucciones en las que los algoritmos y los sistemas de IA basan su toma de decisiones.
Asimismo, el informe cita en el apartado de Interoperabilidad transfronteriza, el caso de España y Portugal, que cuentan con servicios privilegiados de intercambio de datos para sus ciudadanos. En cuanto a los espacios de datos, el informe pone como ejemplo el caso español en la creación de espacios de datos locales o regionales, destacando entre las mejores prácticas la de Valencia, que ha presentado una iniciativa para gestionar el espacio público y la movilidad urbana para grupos específicos.
La edición de 2023 del informe sobre la situación de la administración pública digital y la interoperabilidad profundiza en tres áreas de políticas clave que están en el centro del panorama político actual:
- Interoperabilidad y servicios públicos digitales interoperables,
- Uso innovador de tecnologías por parte del sector público.
- Intercambio de datos en Europa.
Para ello, muestra iniciativas digitales en torno a estos temas implementadas por 31 países europeos, así como emprendidas a nivel de la UE. A partir de una visión general y un análisis exhaustivo, el informe identifica marcos de referencia, mejores prácticas destacadas y posibles áreas de mejora para los países europeos.
