El reglamento tiene como objetivo establecer un nuevo marco de cooperación para las administraciones públicas de la UE para garantizar la prestación fluida de servicios públicos a través de las fronteras y prever medidas de apoyo que promuevan la innovación y mejoren el intercambio de habilidades y conocimientos.
La nueva ley establecerá una estructura de gobernanza de la interoperabilidad con vistas a crear un ecosistema de soluciones de interoperabilidad compartidas para el sector público de la UE. De esta manera, las administraciones públicas de la UE pueden contribuir y reutilizar dichas soluciones, innovar juntas y crear valor añadido.
Próximos pasos y antecedentes
Tras el acuerdo provisional de hoy, los equipos de nivel técnico afinarán el reglamento esta semana. Una vez concluido este trabajo, el texto del acuerdo completo deberá ser confirmado por ambas instituciones y sometido a una revisión jurídico-lingüística antes de su adopción formal por los colegisladores.
En cuanto al trasfondo detrás de la aprobación de la Ley, cabe destacar que en los últimos años, los expertos en datos y gobierno digital han desarrollado prácticas comunes de cooperación en interoperabilidad de amplio alcance basadas en el actual Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF). El FEI es el modelo conceptual de interoperabilidad ampliamente reconocido en Europa. Sin embargo, evaluaciones recientes han expuesto serias limitaciones de este enfoque de cooperación totalmente voluntario.
Los estados miembros de la UE han enfatizado cada vez más la necesidad de fortalecer la cooperación europea en materia de interoperabilidad. Entre otras, las declaraciones ministeriales firmadas en 2017 en Tallin y en 2020 en Berlín dan fe de esta necesidad. Con vistas a abordar estas necesidades, la Comisión adoptó la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas para un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión («Ley para una Europa Interoperable») el 18 de noviembre de 2022.
El 2 de junio de 2023, el Consejo TTE (Telecomunicaciones) tomó nota de un informe de situación sobre este expediente y el 6 de octubre de 2023, los representantes de los Estados miembros (Coreper) acordaron un mandato que permitiría a la Presidencia iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo. El 10 de octubre de 2023 se celebró un primer diálogo tripartito.
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