La ONU ha publicado recientemente su informe bienal sobre Administración electrónica. En esta edición de 2016 el estudio se ha centrado en la incidencia de la Administración electrónica en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Como en ocasiones anteriores, los resultados de las encuestas efectuadas en los 193 países analizados se expresan en un índice global compuesto a su vez por tres subíndices referidos a Infraestructuras de Telecomunicaciones (TII), Capital Humano (HCI) y Servicios Online (OSI).
España destaca especialmente en el Índice de Servicios Online (OSI), ocupando el puesto 11, por delante de países como Alemania, Japón o Suecia, y casi a la par en puntuación con Estados Unidos.
En el índice global, España ocupa en el puesto 17 y se mantiene entre los 10 primeros países europeos del ranking a pesar del contexto desfavorable de los últimos años y el aumento generalizado de la inversión en TICs que han experimentado la mayoría de los demás países analizados, tal y como señala el estudio. Estas cuestiones, no obstante, sí se reflejan en la ligera bajada que registra España con respecto al informe de 2014, en el que ocupó el puesto 12.
El estudio valora también muy positivamente la participación a través de la vía electrónica de los ciudadanos españoles. De hecho, les sitúa en el puesto 7 del ranking mundial, entre los más participativos de todo el mundo. Sin embargo, detecta una puntuación más baja en lo relativo al uso de los servicios de Administración electrónica por parte de los ciudadanos españoles. Este dato refuerza la importancia que tendrán las nuevas leyes administrativas, que entran en vigor el próximo 2 de octubre, en la extensión y promoción de la vía electrónica entre los españoles.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , suponen un fuerte impulso a la digitalización de las Administraciones públicas españolas, establecen nuevos derechos para el ciudadano en su relación con la Administración y propician una mayor eficacia, innovación y modernización. Los resultados de estos avances previstos se reflejarán, no obstante, en la siguiente edición del informe de Naciones Unidas de 2018.
