Dos de las regulaciones más relevantes de la Unión Europea en materia de datos articularán en breve el contorno jurídico que delimitará el desarrollo de la economía del dato en los próximos años. El Data Governance Act (DGA)
es plenamente aplicable desde el pasado 24 de septiembre de 2023, mientras que la redacción de la Data Act (DA) fue aprobada el pasado 27 de noviembre.
No son las únicas, pues el marco jurídico ya incluye otras normas importantes que regulan materias que se interconectan, revelando así el enfoque proactivo de la Unión Europea en el establecimiento de unas reglas de juego acordes con las necesidades de la ciudadanía y las empresas europeas. Unas pautas que ofrecen el entorno de seguridad jurídico necesario para lograr el objetivo último de impulsar un Mercado Único Digital europeo.
En el caso de la DGA y la DA, las negociaciones para su aprobación han puesto de manifiesto que sus objetivos eran compartidos por los grupos de interés concernidos. Para ambas, el dato constituye un elemento central para la transformación digital, y comparten el interés en eliminar o reducir las barreras y obstáculos para su compartición. Asumen así que la innovación basada en los datos reportará enormes beneficios a los ciudadanos y a la economía. Por tanto, crear marcos jurídicos que faciliten dichos procesos es un objetivo común para empresas, instituciones y ciudadanía.
Las aportaciones realizadas desde el mundo académico, empresarial y asociativo han sido abundantes y enriquecedoras, tanto para la fase de elaboración de las normas, como para lo que será su implementación y desarrollo en la práctica. Una de las cuestiones más reiteradas es la preocupación por la forma en que interactuarán las distintas normas de ese ‘paquete normativo digital’. Particularmente importante es la interacción con el Reglamento General de Protección de Datos , razón por la cual DGA y DA han establecido líneas generales sobre la preeminencia de dicho reglamento en caso de conflicto. En este sentido, el incremento de la normativa no impide que surjan situaciones concretas en la práctica alrededor de conceptos clave del ámbito de los datos personales, como el consentimiento, los fines del tratamiento, la anonimización, o la portabilidad.
Otra de las cuestiones resaltadas tiene que ver con la búsqueda de sinergias entre esta normativa y los modelos de negocio de datos actuales o futuros. El objetivo general reconocido es el de impulsar el desarrollo de los espacios de datos y de la economía del dato en su conjunto. Esta meta será más cercana en la medida en que la ‘carga regulatoria’ no reduzca los incentivos de las empresas a invertir en recopilar y gestionar datos; que no debilite la posición competitiva de las empresas europeas (protegiendo adecuadamente los secretos comerciales, los derechos de propiedad intelectual y la confidencialidad); y que haya un equilibrio adecuado entre los intereses generales y los empresariales.
