La Ley 39/2015
establece que el día 2 de octubre de 2018, como máximo, las distintas Administraciones Públicas deberán disponer de un Archivo Único Electrónico. Los distintos trabajos que las administraciones públicas han realizado, expresadas en el marco de Comité de Dirección TIC de la AGE, así como en la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, reflejan distintos avances en este sentido, que empiezan, de manera natural, en la adaptación de los distintos sistemas de información al Esquema Nacional de Interoperabilidad, para poder garantizar a largo plazo, su preservación. En la situación actual, las administraciones públicas, así como los distintos proveedores de servicios que les dan soporte, no están contemplando generalmente, nada más allá que el mantenimiento de la gestión del archivo en papel, tradicional, sobre el que existe sobrada experiencia y procedimientos, que de alguna manera, se ven afectados por la implantación de esta nueva realidad de expedientes y documentos electrónicos.
Para más información puede consultar la nota técnica: Archivo Electrónico: Evolución, desarrollo y repercursiones
