La nueva regulación de los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público a examen

El pasado mes de diciembre, el congreso de los Diputados convalidó el  Real Decreto-ley 24/2021 , donde se transponían varias directivas europeas, entre las que se encontraba la  Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público . Esta directiva busca ampliar el ámbito de aplicación de la normativa anterior, adecuando las garantía y obligaciones jurídicas al panorama actual de innovación, donde tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) podrían beneficiarse de una mayor disponibilidad de datos del sector público. Esta iniciativa está alineada con  la Estrategia de datos  de la Unión Europea para la creación de un mercado único de datos donde la información fluya libremente entre Estados y entre sectores.

Con este Real Decreto-ley se procedió a modificar las previsiones de la  Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público , aportando novedades en materia de sujetos obligados, tipos de datos a considerar de especial interés o procedimientos de tramitación de solicitudes, entre otros aspectos. Como señala la Directiva, con esta nueva regulación se trata de favorecer la reutilización de la información del sector público en un contexto de transformación digital, tratando de impulsar el “empleo inteligente de los datos”, así como la “creación de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregación o la combinación de datos”. Resultaba, por tanto, imprescindible actualizar el marco normativo puesto que las anteriores disposiciones estaban “desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos”.

Estas novedades han sido analizadas por un equipo coordinado por los investigadores Julián Valero y Rubén Martínez, como parte del proyecto “Datos abiertos y reutilización de la información del sector público en el contexto de su transformación digital: la adaptación al nuevo marco normativo de la Unión europea (ref. PID2019-105736GB-I00)”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Principales conclusiones del estudio

Partiendo de estas premisas, el estudio se ocupar de realizar un análisis sistemático del nuevo marco regulatorio, destacando las siguientes conclusiones:

• Persiste todavía una cierta timidez por parte de la regulación europea a la hora de establecer obligaciones claras y precisas en orden a facilitar el acceso a la información del sector público con fines de reutilización. En este sentido, la remisión a la regulación de los Estados miembros del régimen del acceso a la información constituye una dificultad añadida a la hora de facilitar un mercado europeo de la reutilización.

• Se ha ampliado el ámbito subjetivo de aplicación de la normativa sobre reutilización incluyendo a nuevos sujetos a los que resulta de aplicación la normativa. En consecuencia, dichas entidades han de proceder a ajustar la gestión de los datos que generan a la nueva regulación, lo que supone un desafío importante en la medida que no siempre coincide con el ámbito de aplicación de la normativa sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público, regulación que ha servido para impulsar la modernización tecnológica en este ámbito.

• La nueva categoría de los datos de alto valor constituye una de las  principales novedades  de la nueva regulación. Más allá de las medidas que se adopten a nivel europeo, el estudio sugiere que los Estados adopten una perspectiva más amplia que la prevista en la Directiva. Así se propone no sólo incluir a ciertos sujetos privados sino, además, establecer nuevos conjuntos de datos al margen de los que establezca la Unión Europea, como es el caso de los referidos a la contratación del sector público.

• La Directiva también establece que “los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización”. En este sentido, el estudio sugiere que se aproveche la actual  tramitación parlamentaria del proyecto de ley  para establecer una regulación específica en la legislación española, puesto que se trata de instrumentos de gran relevancia para la consecución de los objetivos que plantea la Unión Europea, especialmente por lo que se refiere a la Inteligencia Artificial.

• Resulta imprescindible impulsar una regulación que aborde de manera adecuada la cuestión relativa a la responsabilidad de las entidades del sector público. En concreto, el estudio considera que la normativa vigente puede generar inseguridad jurídica para los reutilizadores, que no encontrarán un marco jurídico adecuado para impulsar iniciativas de transformación digital a partir de la reutilización de la información del sector público.

• Aunque la nueva regulación permite que los organismos públicos sigan estableciendo condiciones que restrinjan la reutilización de los datos o limiten la competencia, dicha posibilidad está condicionada al respeto de ciertas garantías. Con ello se ha dado un importante espaldarazo a la utilización de licencias abiertas. Sin embargo, el hecho de que exista una amplia diversidad en las condiciones que establece cada organismo genera importantes disfunciones para los reutilizadores, lo que justificaría, según el estudio, que se plantee la creación de un modelo de licencia gubernamental abierta a partir de la regulación legal.

• Debería procederse a establecer una regulación más precisa del procedimiento administrativo que ha de tramitarse por las entidades públicas ante las solicitudes de acceso con fines de reutilización. Según el estudio, una atención especial debería prestarse a las causas  de desestimación ya que resultan excesivamente genéricas en su redacción actual. También se considera necesario revisar la regulación del silencio administrativo desde la perspectiva de la normativa europea, que resulta especialmente exigente respecto de la motivación de la denegación del acceso. Finalmente se propone la creación de un órgano de control independiente, de manera que las reclamaciones que se formulen ante dicho órgano sustituyan a los recursos administrativos ordinarios, posibilidad que expresamente permite la legislación sobre procedimiento administrativo común.

Estas son algunas de las principales aportaciones del estudio, cuyo resultado final se ha materializado en el libro “ Datos abiertos y reutilización de la información del sector público ”, el primer libro en el que estudia de manera exhaustiva en España el nuevo régimen jurídico en esta materia integrando la normativa europea y la legislación estatal. En concreto, el capítulo sobre los dispositivos prácticos se encuentra  disponible en abierto , lo que resulta de especial interés teniendo en cuenta la importancia de los dispositivos prácticos y su falta de regulación en la legislación estatal.

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