El Consejo de Ministros ha estudiado este martes el anteproyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. En concreto, el texto recoge modificaciones en tres leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación).
La futura norma modificará la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para designar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales, otorgándole amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores.
Con este paso, se operativiza y facilita que “la CNMC vele porque los proveedores de servicios digitales (esto es: plataformas, buscadores, etc.) cumplan con la ley de servicios digitales. Estamos hablando de propiciar que los proveedores de servicios de internet tengan que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online”, ha enumerado el ministro López en su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
“Con esta iniciativa, avanzamos en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de nuestra democracia. Hoy más que nunca, Europa y España deben ofrecer un espacio digital seguro donde se protejan todos los derechos fundamentales y los derechos específicos de los consumidores y usuarios. Porque lo que es ilegal offline, debe ser ilegal online”, ha subrayado el ministro.
El anteproyecto establece además un riguroso régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.
