El Gobierno ha impulsado la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de España, uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025. En el proceso se ha contado con numerosas contribuciones de la sociedad civil, así como el trabajo de un grupo de expertos de primer nivel. El borrador de la Carta se somete ahora a consulta pública
, abierta hasta el próximo 4 de diciembre.
, abierta hasta el próximo 4 de diciembre.El proceso de elaboración una Carta de Derechos Digitales tiene como objetivo reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese contexto. Para tal fin, la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, puso en marcha un proceso amplio de consulta pública y ha impulsado los trabajos de un grupo de expertos en la materia formado por destacados juristas, representantes de usuarios e internautas o consultores de ciberseguridad, entre otros perfiles, con la participación de los ministerios de Justicia y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la Agencia Española de Protección de Datos.
Fruto de este trabajo, el texto elevado hoy a consulta pública recoge un conjunto de principios y derechos para guiar futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas de forma que se garantice la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales. El borrador se somete a consulta pública coincidiendo con la celebración de un evento en el que han participado algunos de los miembros del grupo de expertos y otras personas activas en el debate público sobre los derechos digitales.
Una vez recogidas las observaciones y aportaciones que se hagan en esta fase de consulta pública, se elaborará el texto final de la Carta de Derechos Digitales, que inspirará los futuros pasos a seguir en la protección de la sociedad de cara a los nuevos retos digitales, fijando los principios sobre los que asentar la salvaguarda de los derechos fundamentales en el escenario digital.
España busca así colocarse a la vanguardia de la protección de los derechos digitales, tanto por el contenido de la Carta como por su elaboración participativa.
