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El marco normativo de la reutilización de la información del sector público: apuntes para su futura revisión

15 noviembre 2017

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La Unión Europea acaba de hacer público un documento de trabajo en el que, tras varios años de vigencia de la reforma de 2013, se plantea cómo abordar la superación de las barreras y dificultades que se han ido detectando desde entonces. 

Reconociendo el importante avance que ha tenido lugar en los últimos años, la Comisión Europea (Abre en nueva ventana) destaca que persiste un número importante de obstáculos, en el contexto de la Estrategia para el Mercado Único Digital.

Con ello se inicia un proceso de reflexión y evaluación que tiene por objeto preparar una iniciativa sobre accesibilidad y reutilización de la información pública que se irá impulsando en los próximos meses. Se trata de una revisión que, en última instancia, ha de plantearse cada Estado respecto de su normativa interna. Sólo así será posible comprobar en qué medida tales obstáculos se encuentran realmente presentes en su propio contexto y podrían estar dificultando la efectiva reutilización de la información del sector público. ¿Cuáles son las barreras que se identifican en este documento de trabajo?

Por lo que se refiere a las limitaciones relativas al ámbito subjetivo, se advierte por la Comisión Europea la necesidad de ampliar la aplicación de la normativa sobre reutilización que se proyectan en una triple dimensión:

Las entidades con forma jurídico-privada, en ocasiones dotadas de un estatuto que les confiere autonomía o cierta independencia, que tienen encomendadas la ejecución de actividades propias del sector público. Este sería el caso de aquellos sujetos que, aun estando bajo el control o la financiación públicos, tengan naturaleza societaria o fundacional. Pero también de las entidades con personificación jurídico-pública en las que no concurran las exigencias del artículo 2.d) de la Ley 37/2017(Abre en nueva ventana) , esto es, que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés público que tengan carácter industrial o mercantil.

Los sujetos con forma jurídico-privada que, sin embargo, realizan una actividad de servicio público en nombre de la administración titular del mismo, caso por ejemplo de los concesionarios. En relación a los mismos, debería plantearse de qué manera cabría acceder de manera directa a la información en su poder desde las exigenicas y principios de los datos abiertos.

La Comisión Europea se plantea la posibilidad de extender la regulación a ciertos datos de sujetos estrictamente privados, al menos cuando tal posibilidad pueda redundar en la mejora del funcionamiento de las políticas y servicios públicos, citando expresamente el caso de la función pública estadística.

En relación con las condiciones del acceso a la información, destacan tres cuestiones de gran impacto en las posibilidades de reutilización posterior:

Enfatiza la necesidad de avanzar en la puesta a disposición de los datos en tiempo real conforme a estándares reconocidos. La realidad práctica de la gestión documental en el sector público todavía no ha alcanzado — salvo excepciones destacadas— el nivel de modernización tecnológica esperado, de manera que la utilización del soporte papel goza aún de una innegable implantación.

Desde el punto de vista del coste para los reutilizadores, la Directiva de 2013 y la transposición en España de las reglas relativas al coste con ocasión de la reforma de 2015 implicaron un importante avance al señalar que las tarifas deben limitarse “a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión”. La Comisión ha constatado que existe una práctica extendida que tiende a exigir cantidades muy superiores. Tal y como se preveía, el Considerando 28 de la citada reforma de la Directiva RISP en 2013(Abre en nueva ventana) , resulta imprescindible reforzar las garantías relativas a las reclamaciones en vía administrativa para controlar de manera eficaz y eficiente las decisiones adoptadas por los organismos públicos sin necesidad de plantear un largo y costoso proceso judicial.

En relación con las licencias, a través de las cuales se concretan las condiciones para la reutilización, se enfatiza que la diversidad de licencias constituye una clara dificultad que se debería afrontar en términos de una mayor interoperabilidad en términos jurídicos de las condiciones que contemplan.

Finalmente, la Comisión Europea se plantea ampliar el ámbito objetivo de la normativa sobre reutilización a un ámbito estratégico: la actividad investigadora. Se trata de un importante desafío ya que existe una innegable pluralidad de intereses contrapuestos en juego, tanto a nivel personal de los investigadores como institucionalmente, por lo que respecta a los organismos de investigación y las entidades financiadoras.

A pesar de los importantes avances normativos producidos en los últimos años, parece evidente que la cuestión referida a los aspectos jurídicos de la reutilización de la información vinculada al sector público no está definitivamente cerrada, ni siquiera tras la reforma de 2013. En los próximos años estamos abocados a reformar la legislación vigente a nivel europeo y estatal y a ponderar múltiples y diversos intereses legítimos que no siempre estarán alineados.

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