Desde la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la operativa de la Administración son muchas las referencias a las mismas en las normas legales reguladoras de la práctica administrativa, con el fin de acercarse a una sociedad cada vez más tecnológica. Con la entrada en vigor de la Ley 11/2007, la Administración asume la obligación de dotarse de los medios y sistemas “electrónicos” que permitan a los ciudadanos ejercer su nuevo derecho de relacionarse con la Administración por medios electrónicos.
El desarrollo normativo de esta Ley, así como su efectiva implantación por los distintos órganos administrativos, han permitido que la Administración española preste un gran número de servicios públicos a través de Internet, situándose en las primeras posiciones de los rankings internacionales en oferta de servicios públicos electrónicos.
Sin embargo, la tecnología ha seguido evolucionando y penetrando en la sociedad de forma que ésta ya no se entiende sin aquella. La Administración tiene que saber adaptarse, e incluso ponerse a la vanguardia del desarrollo tecnológico.
Esto es lo que se ha pretendido durante estos últimos años acometiendo un conjunto de reformas que permitirán renovar el funcionamiento de las administraciones públicas basándose en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo ello, teniendo como punto de referencia el objetivo de consolidar y optimizar los recursos disponibles para ello.
Más información en la nueva nota técnica del OBSAE: "Hacia una nueva administración: Digital y Racional"
