La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Simplificación Administrativa puesto en marcha en 2013, en cumplimiento de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto.
Las instrucciones aprobadas ahora están encaminadas a dos tipos de actuaciones. Por un lado, se insta a todas las unidades que realizan convocatorias públicas (subvenciones, becas, empleo público, permisos etc.) para que, de cara a próximas ediciones, revisen la normativa actual con criterios de simplificación y analicen si los documentos que solicitan son imprescindibles o no para cumplir los fines que se persiguen, y eliminen aquellos que no lo sean.
Por otro lado, se suprime la obligación de aportar documentos que puedan consultarse a través de la Plataforma de Intermediación (SVD) del MINHAP que permite consultar a través de la redSARA la información que poseen las distintas administraciones públicas, tanto las autonómicas, entre las que se encuentra la Administración Foral, como de la Administración Central. En la actualidad, el sistema provee datos de más de 17 organismos públicos distintos.
Además de este servicio de carácter nacional, el Gobierno foral ha puesto en marcha un sistema similar para compartir datos dentro de la Administración foral, poniendo en común la información que tiene cada Departamento. Por el momento se han incorporado los datos que posee la Hacienda Tributaria de Navarra y que también pueden consultarse desde fuera de la Comunidad Autónoma a través de la plataforma de intermediación.
El Gobierno de Navarra aprobó en noviembre de 2013 el Plan General de Simplificación Administrativa, con el fin de reducir entre un 20% y un 75% los trámites administrativos, gracias a un aumento de la oferta de las gestiones electrónicas, reducción de los tiempos de tramitación y del número de documentos exigidos a los ciudadanos.
En concreto, se persigue reducir en un 75% la obligación de proporcionar documentación, así como un 30% las cargas administrativas externas. Además, se pretende aumentar el uso de la administración electrónica en el 30% de las tramitaciones, y que se incremente en un 20% la satisfacción de la ciudadanía en su relación con la Administración. Los principales objetivos se completan con una mejora del 20% de la eficiencia administrativa por la reducción de tiempos de tramitación.
Hasta al momento, se ha puesto en marcha el 85% de las actuaciones contempladas en el Plan. Así, por ejemplo, la extensión de la Administración electrónica y, más concretamente el uso de Internet, ha permitido reducir en un 45% el tiempo medio de tramitación de los expedientes, pasando de una media de 176 días en 2012 a 97 días en 2014.
Otro de los logros ha sido la reducción del plazo para abrir nuevos negocios hasta en cuatro meses, al modificarse el procedimiento para las autorizaciones ambientales. Igualmente, se han simplificado los trámites relacionados con los procedimientos de seguridad industrial, se ha implantado el pago por internet (con tarjeta o con cargo en cuenta) de las cartas de pago no tributarias; y se ofrece la posibilidad de tramitar telemáticamente el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria gratuita.
