El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha presentado a los senadores de la Comisión de Función Pública una propuesta de consenso para reformar la administración para que sea “más moderna e innovadora, con una estructura adaptada a los cambios tecnológicos y a las crecientes demandas de servicios públicos más accesibles, más eficientes y que garanticen mejor los derechos de la ciudadanía”.
En la presentación en el Senado de las líneas generales de actuación del departamento en materia de Función Pública, el ministro ha explicado que la ambición de la legislatura es “mejorar en los indicadores de buen gobierno hacia las posiciones que ostentan en las clasificaciones internacionales los países mejor situados, que son los nórdicos”. “Aunque España ha avanzado mucho en los últimos años, aún queda margen de mejora, y éste es un desafío de país en el que todos hemos de sentirnos comprometidos”, añadía.
Captación y retención de talento
Durante su intervención, Escrivá ha subrayado la necesidad de fortalecer los procedimientos de captación y retención de talento en las administraciones públicas en un momento “en el que está previsto que más de la mitad de la plantilla actual se jubile a lo largo de los próximos diez años, un importante desafío, pero también una oportunidad para diseñar itinerarios de carrera motivadores que permitan competir con el sector privado en la gran pugna de nuestro tiempo por el talento”. Para ello, el ministro propone construir un nuevo modelo de función pública basado en la gestión previsional de efectivos, más autonomía y responsabilidad a las organizaciones en la planificación de sus plantillas, procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional basados en competencias, y posibilidades de desarrollo profesional más estimulantes.
Estas metas se alcanzarán, entre otras medidas, mediante “la supresión de la tasa de reposición en 2025, que promueve un crecimiento vegetativo de las plantillas, y su sustitución por otro mecanismo que se base en los servicios públicos que presta el Estado de Bienestar y en la planificación presupuestaria plurianual”, ha explicado Escrivá, o con “un modelo nuevo de recursos humanos que permita desarrollar políticas de upskilling y reskilling, permitiendo aprovechar así al máximo el potencial de los empleados públicos y ofreciéndoles nuevas e interesantes posibilidades en sus carreras”. También se pondrá en marcha un Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático “para que las posiciones directivas reúnan competencias técnicas, de liderazgo y visión transformadora”.
Además, se diseñará un plan de captación de talento, se acortarán los plazos de incorporación a la función pública (la ejecución de las Ofertas de Empleo Público no podrá durar más de 12 meses) y se implementará una “innovadora vía de acceso a las profesiones tecnológicas de la Función Pública inspirada en el MIR de los médicos”, ha avanzado Escrivá. Asimismo, para garantizar la rápida respuesta de las administraciones ante las situaciones cambiantes y fortalecer su capacidad de adaptación ante shocks externos, se creará un área de operaciones del sector público estatal que pueda dar respuesta a crisis inesperadas, como la pandemia, o retos de amplio alcance, como la gestión de planes de recuperación, que aproveche el talento y la experiencia de los trabajadores más senior.
Políticas públicas basadas en evidencia
El correcto diseño y ejecución de políticas públicas transformadoras y de impacto requiere que estén basadas en una sólida evidencia científica y sometidas a controles ‘ex ante’ y ‘ex post’. Para propiciar la extensión de estas prácticas, se proporcionará un rol clave a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en la evaluación previa y diseño de las distintas políticas públicas, y se ha potenciado el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su control y evaluación a posteriori.
Las capacidades de diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas se reforzarán a su vez con la aplicación de las nuevas tecnologías: mapas conceptuales, interoperabilidad semántica de todos los datos de la Administración General del Estado y generación de nuevos datos de calidad permitirán aplicar las capacidades de la Inteligencia Artificial generativa a la toma de decisiones y la planificación estratégica, integrando en un cuadro de mandos único todos los aspectos de la puesta en marcha de políticas que permita favorecer la innovación y facilitar la creación de nuevos servicios de mayor valor añadido.
Usos y consensos en torno a la Inteligencia Artificial
Ante las extraordinarias posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y, singularmente, la Inteligencia Artificial (IA), el sector público ha de posicionarse como impulsor de su utilización “ética, transparente y con elevados estándares que den confianza a la sociedad”, ha subrayado el ministro. En este sentido, ha destacado que el uso de la IA generativa ha de servir para mejorar los servicios públicos acompañando -y no sustituyendo- a los empleados públicos, sirviendo como herramienta para librarles de las tareas más repetitivas y de menor entidad. Además, la administración impulsará el uso de la IA entre los sectores económicos que más dificultades tienen para su adopción, como las pymes, permitiéndoles aprovecharse de las grandes ganancias en productividad y eficiencia de esta tecnología adaptando para ello programas como el exitoso Kit Digital.
La puesta en marcha de un modelo fundacional de IA en castellano y lenguas cooficiales, anunciado el mes pasado, servirá para generar herramientas y aplicaciones más eficaces y cercanas al sector privado y también al público. En este sentido, el ministro ha explicado que los modelos de IA especializados que se desarrollen por la Administración General del Estado (AGE) a partir de ese modelo fundacional se someterán a un proceso de gobernanza riguroso articulado en torno al Plan de Acción de IA de la AGE y certificado por la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). La AESIA tendrá además un papel muy relevante en el debate social en torno a los límites y usos de la IA, y particularmente en la búsqueda de consensos para determinar las preferencias sociales sobre el uso de esta tecnología.
La transformación de la administración también se orientará a hacerla más accesible para el conjunto de la ciudadanía. Entre las medidas que el ministerio adoptará en este ámbito se incluyen el fin de la cita previa obligatoria para este año, mediante un cambio en la Ley de Procedimiento Administrativo Común; la reforma del portal www.administracion.gob.es
para organizarlo por hechos vitales (nacimiento, matrimonio, jubilación…) y facilitar así su uso; el desarrollo de pilotos de hubs de prestación de servicios de atención a la ciudadanía alimentados con IA, con especial foco en el reto demográfico y colectivos con especiales necesidades; fortalecer y potenciar el uso del teléfono 060 (de información sobre gestiones y trámites con la Administración General del Estado); ampliar la atención multilingüe (ya hay en marcha dos pilotos en lenguas cooficiales) y avanzar en el uso del lenguaje administrativo claro y fácil.
Transparencia y participación
La transparencia y la oportunidad de participar en el diseño de las políticas públicas “impulsan la confianza ciudadana en la administración, y por eso tenemos que liderar con el ejemplo en políticas de gobierno abierto, en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil”, ha dicho el ministro durante su intervención, y ha señalado que precisamente el V Plan de Gobierno Abierto que ha de aprobarse este año avanza en esta dirección, con “Diez compromisos cocreados con la sociedad civil, entre los que figuran la participación ciudadana, la integridad y la rendición de cuentas y el derecho a la información veraz”.
Entre las iniciativas para avanzar en la transparencia y la participación pública se cuentan además la regulación de las actividades de los grupos de interés, la mejora de las herramientas de participación ciudadana en la adopción de las decisiones de política pública y el desarrollo de laboratorios de participación para impulsar la participación ciudadana en la elaboración de normas y políticas públicas.
