La Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) mantuvo el día 18 de este mes, en Oviedo, su noveno encuentro, al que asistieron el secretario general de la Administración de Justicia y presidente de la Comisión Permanente, Antonio Dorado, además de otros altos cargos del Ministerio de Justicia, así como representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, y de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia.
En esta reunión se han abordado diferentes asuntos relacionados con la Justicia digital para constatar sus avances y exponer líneas de actuación de cara al futuro. Por un lado, se ha estudiado el plan de seguimiento de las comunicaciones electrónicas, de las que a día de hoy se han realizado más de 52 millones, y el balance de su implantación, así como la situación del Expediente Judicial Electrónico en España.
Asimismo, se han analizado las propuestas de creación de las sedes judiciales electrónicas de Canarias, Cantabria y Navarra, y la iniciativa para la estandarización de los Códigos Seguros de Verificación de las administraciones de Justicia, que permitirá facilitar y agilizar su cotejo tanto a profesionales como a ciudadanos.
En cuanto a la estandarización de los formularios únicos de entrada en materia de comunicaciones electrónicas, este encuentro ha servido para tratar la homogeneización de esos documentos en el orden penal, tal y como se hiciera previamente en los órdenes civil y social y en el contencioso-administrativo.
La secretaria de Estado de Justicia ha señalado la necesidad de construir entre todos un sistema de gestión procesal compartido que incluya la transferencia tecnológica para evitar duplicidades a la hora de desarrollar nuevas aplicaciones y poder trabajar de forma integrada.
Asimismo, se ha recordado el hito que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil de cara al 1 de enero de 2017, fecha en la que se extiende la obligación de comunicarse de forma electrónica con la Administración de Justicia a otros actores institucionales y profesionales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sanitarios instituciones penitenciarias y personas jurídicas.
