Las medidas concretas para impulsar los datos abiertos del V Plan de Gobierno Abierto

Un documento fruto de la colaboración

El proceso de elaboración del V Plan de Gobierno Abierto se ha desarrollado de forma participativa y colaborativa, con el objetivo de recoger propuestas de distintos actores sociales. Para ello, se abrió una consulta pública en la que ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y representantes institucionales pudieron aportar ideas y sugerencias. También se desarrollaron una serie de talleres deliberativos. En total, se recibieron 620 aportaciones de la sociedad civil y más de 300 propuestas de ministerios, comunidades y ciudades autónomas, y representantes de las entidades locales.

Estas contribuciones se analizaron y se integraron en los compromisos del plan, que fueron posteriormente validados por el  Foro de Gobierno Abierto . El resultado es un documento que refleja una visión compartida sobre cómo avanzar en transparencia, participación y rendición de cuentas en el conjunto de las Administraciones públicas.

10 líneas de acción principales con un papel destacado para los datos abiertos

Futo de ese trabajo colaborativo, se han fijado 10 líneas de acción. Los nueve primeros compromisos recogen iniciativas de la Administración General del Estado (AGE), mientras que el décimo agrupa las aportaciones de comunidades autónomas y entidades locales:

1. Participación y espacio cívico.
2. Transparencia y acceso a la información.
3. Integridad y rendición de cuentas.
4. Administración abierta.
5. Gobernanza digital e inteligencia artificial.
6. Apertura fiscal: cuentas claras y abiertas.
7. Información veraz / ecosistema informativo.
8. Difusión, formación y promoción del gobierno abierto.
9. Observatorio de gobierno abierto.
10. Estado abierto.

Los datos y la información pública son un elemento clave en todos ellos. No obstante, la mayoría de medidas relacionadas con este campo las encontramos dentro de la línea de acción 2, donde se sitúa un apartado específico sobre apertura y reutilización de datos de la información pública. Entre las medidas previstas, se contempla:

• Modelo de gobernanza de datos: se propone crear un marco normativo que facilite el uso responsable y eficiente del dato público en la AGE. Incluye la regulación de órganos colegiados para el intercambio de datos, la aplicación de normativa europea y la creación de espacios institucionales para diseñar políticas públicas basadas en datos.
• Estrategia del dato para una administración centrada en el ciudadano: se busca establecer un marco estratégico para el uso ético y transparente de los datos en la Administración.
• Publicación de microdatos de encuestas electorales: se modificará la Ley Electoral para incluir la obligación de publicar los microdatos anonimizados de las encuestas electorales. Esto permite mejorar la fiabilidad de los estudios y facilitar el acceso abierto a datos individuales para su análisis.
• Apoyo a entidades locales en la apertura de datos: se ha lanzado un programa de ayudas para fomentar la apertura de datos homogéneos y de calidad en las entidades locales mediante convocatorias y/o convenios de colaboración. Además, se promoverá su reutilización mediante acciones de sensibilización, desarrollo de soluciones demostradoras y colaboración interadministrativa para impulsar la innovación pública.
• Apertura de datos en la Administración de Justicia: se continuarán publicando datos oficiales sobre justicia en portales públicos, con el objetivo de hacer la Administración de Justicia más transparente y accesible.
• Acceso e integración de información geoespacial de alto valor: se busca facilitar la reutilización de datos espaciales de alto valor en categorías como geoespacial, medio ambiente y movilidad. La medida incluye el desarrollo de mapas digitales, bases topográficas y una API para mejorar el acceso a esta información por parte de ciudadanos, administraciones y empresas.
• Datos abiertos del BORME: se trabajará para fomentar la publicación del contenido del Boletín Oficial del Registro Mercantil, especialmente la sección de empresarios, como datos abiertos en formatos legibles por máquina y accesibles mediante API.
• Bases de datos del Archivo Central de Hacienda: se impulsa la puesta a disposición pública de los registros del Archivo Central del Ministerio de Hacienda que no contengan datos personales ni estén sujetos a restricciones legales.
• Acceso seguro a datos públicos confidenciales para investigación e innovación: se quiere establecer un marco de gobernanza y entornos controlados que permitan a investigadores acceder de forma segura y ética a datos públicos sujetos a confidencialidad.
• Fomento del uso secundario del dato de salud: se continuará trabajando en el Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS), alineado con la normativa europea, para facilitar el uso de datos sanitarios con fines de investigación, innovación y políticas públicas. La medida incluye el fomento de infraestructuras técnicas, marcos normativos y garantías éticas para proteger la privacidad de los ciudadanos.
• Impulso de ecosistemas de datos para el progreso social: se busca promover espacios colaborativos de datos entre entidades públicas y privadas, bajo reglas claras de gobernanza. Estos ecosistemas ayudarán a desarrollar soluciones innovadoras que respondan a necesidades sociales, fomentando la confianza, la transparencia y el retorno justo de beneficios a la ciudadanía.
• Puesta en valor del dato público de calidad para ciudadanos y empresas: se continuará impulsando la generación de datos de calidad en los diferentes ministerios y organismos, para que se integren en el catálogo centralizado de información reutilizable de la AGE.
• Evolución de la plataforma datos.gob.es: se continúa trabajando en la optimización de  datos.gob.es ,. Esta medida forma parte de un continuo enriquecimiento para hacer frente a las cambiantes necesidades ciudadanas y tendencias emergentes.

Además de en este epígrafe específico, también se incluyen medidas relacionadas con los datos abiertos en otros apartados. Por ejemplo, la medida 3.5.5 propone transformar la Plataforma de Contratación del Sector Público en una herramienta avanzada que utilice Big Data e Inteligencia Artificial para reforzar la transparencia y prevenir la corrupción. Los datos abiertos juegan aquí un papel central, ya que permiten realizar auditorías masivas y análisis estadísticos para detectar patrones irregulares en los procesos de contratación. Además, al facilitar el acceso ciudadano a esta información, se promueve la fiscalización social y el control democrático sobre el uso de fondos públicos.

Otro ejemplo lo encontramos en la medida 4.1.1, donde se propone desarrollar una herramienta digital para la Administración General del Estado que incorpore desde su diseño los principios de transparencia y dato abierto. El sistema permitiría la trazabilidad, conservación, acceso y reutilización de documentos públicos, integrando criterios archivísticos, lenguaje claro y normalización documental. Además, se vincularía con el Catálogo Nacional de Datos Abiertos para asegurar que la información esté disponible en formatos abiertos y reutilizables.

El documento no solo resalta las posibilidades de los datos abiertos: también destaca las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial tanto en la mejora del acceso a la información pública como en la generación de datos abiertos útiles para la toma de decisiones colectivas.

Impulso de datos abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas

Como se mencionó anteriormente, el IV Plan de Gobierno Abierto también incluye compromisos adquiridos por los organismos autonómicos, los cuales se detallan en la línea de acción 10 sobre Estado abierto, muchos de ellos centrados en la disponibilidad de datos públicos. 

Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya informa de su interés en optimizar los recursos disponibles para la gestión de solicitudes de acceso a la información pública, así como en publicar los datos desagregados de los presupuestos públicos en ámbitos relacionados con la infancia o el cambio climático. Por su parte, la Junta de Andalucía quiere potenciar el acceso a la información sobre personal científico y producción científica, y desarrollar un Observatorio de datos de las universidades públicas andaluzas, entre otras medidas. Otro ejemplo lo encontramos en la Ciudad Autónoma de Melilla, que está trabajando en un Portal de Datos Abiertos.

Con respecto a la Administración local, los compromisos se han fijado a través de la  Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) . Desde la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP se propone que las administraciones públicas locales publiquen, como mínimo, a elegir entre los siguientes campos: callejero; presupuestos y ejecución presupuestaria; subvenciones; contratación y licitación pública; padrón municipal; censo de vehículos; contenedores de residuos y reciclajes; registro de asociaciones; agenda cultural; alojamientos turísticos; áreas empresariales e industriales; censo de empresas o agentes económicos.

Todas estas medidas ponen de manifiesto el interés por la apertura de datos en las instituciones españolas como herramienta clave para fomentar el gobierno abierto, impulsar servicios y productos alineados con las necesidades ciudadanas y optimizar la toma de decisiones.

Un sistema de seguimiento

El seguimiento del V Plan de Gobierno Abierto se basa en un sistema reforzado de rendición de cuentas y en el uso estratégico de la  plataforma digital HazLab , donde se alojan cinco grupos de trabajo, uno de ellos centrado en la transparencia y el acceso a la información.

Cada iniciativa del Plan dispone además de una ficha de seguimiento con información sobre su ejecución, cronograma y resultados, actualizada periódicamente por las unidades responsables y publicada en el Portal de la Transparencia.

Conclusiones

En conjunto, el V Plan de Gobierno Abierto busca una Administración más transparente, participativa y orientada al uso responsable de los datos públicos. Muchas de las medidas incluidas tienen como objetivo reforzar la apertura informativa, la mejora de la gestión documental y el impulso a la reutilización de datos en sectores clave como la salud, la justicia o la contratación pública. Este enfoque no solo facilita el acceso ciudadano a la información, sino que también promueve la innovación, la rendición de cuentas y una cultura de gobernanza más abierta y colaborativa.

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