La comunidad internacional de gobierno abierto se prepara para la IX Cumbre Global del Open Government Partnership (OGP), que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz en el próximo mes de Octubre
. Durante tres días, representantes de gobiernos, líderes de la sociedad civil y responsables políticos de todo el mundo intercambiarán experiencias, buenas prácticas y avances en iniciativas de gobierno abierto. La elección de Vitoria-Gasteiz como sede, una ciudad mediana pero símbolo de sostenibilidad y buena gestión urbana, refleja además el compromiso de la presidencia saliente del Gobierno de España en el OGP con la integración del gobierno abierto en todos los niveles de la administración, desde lo municipal y autonómico hasta lo estatal.
Un encuentro crucial para el ecosistema de gobierno abierto
La Cumbre Global del OGP 2025 llega en un momento con un contexto mundial complejo. La democracia se enfrenta en la actualidad a varias amenazas relevantes, desde la desinformación hasta el autoritarismo creciente. Es por ello que la Cumbre de Vitoria-Gasteiz se perfila como un potencial catalizador global para revitalizar el impulso del gobierno abierto como respuesta a dichos desafíos. Es una oportunidad para reunir a la comunidad internacional y demostrar una vez más que la transparencia, la participación y la colaboración siguen siendo herramientas efectivas para fortalecer las democracias.
Desde su fundación en 2011, el OGP ha crecido rápidamente y se ha consolidado como una alianza internacional de amplio alcance. Actualmente reúne a unos 75 países y 150 jurisdicciones locales (representando a más de 2.000 millones de personas), junto a cientos de organizaciones de la sociedad civil, y acumula más de 4.500 compromisos de reforma plasmados en unos 300 planes de acción nacionales durante su primera década de vida .
Una cumbre global congregando a tantos actores ofrece un foro sin igual para compartir aprendizajes, evaluar avances y anunciar nuevos compromisos.
El OGP en contexto: 14 años de gobierno abierto
Tras cerca de 15 años de existencia, el OGP puede presumir de ciertos logros relevantes. Desde su creación, numerosos países han aprobado leyes de acceso a la información, portales de datos abiertos y políticas de transparencia que antes no existían. También se han implementado iniciativas innovadoras, como plataformas de participación ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas colaborativos. Además, la Alianza incorpora un componente adicional de rendición de cuentas a través del mecanismo de revisión independiente (IRM) que evalúa públicamente el cumplimiento de esos compromisos.
Sin embargo, no todo son victorias, ya que varios actores de la sociedad civil han venido señalando también algunas limitaciones e inconsistencias en el OGP actual. Así pues, según los propios datos del OGP y su IRM , existe una brecha de implementación en los compromisos adquiridos, con múltiples proyectos que nunca logran despegar, bien sea por falta de recursos o de voluntad política. Otra importante señal de alerta viene del deterioro del entorno democrático en algunos países, con cierto retroceso en cuestiones críticas como la protección del espacio cívico. Esto evidencia también un problema más amplio: el compromiso político de alto nivel con el gobierno abierto no siempre se mantiene, y sin liderazgo activo, el OGP pierde relevancia.
El balance de la presidencia española del OGP
España ostenta la copresidencia del OGP desde octubre de 2024 hasta finales de septiembre de 2025, compartida con la representante de la sociedad civil y académica Cielo Magno (de Filipinas). Esta posición de liderazgo supone también una oportunidad única para influir en las prioridades y mensajes de la Alianza en este momento clave. Desde el inicio, el Gobierno español marcó tres áreas estratégicas para su copresidencia:
- Situar al ciudadano en el centro de la toma de decisiones.
- Fortalecer las democracias para hacerlas más resilientes.
- Proteger los derechos de la ciudadanía en la transformación digital.
Estos ejes, se alinean con algunas de las preocupaciones globales actuales citadas anteriormente: la crisis de confianza en las instituciones, la amenaza del autoritarismo y los nuevos riesgos en materia de derechos en el entorno digital. España declaró también su intención de promover ideas innovadoras, aprovechando tecnologías como los datos abiertos y la inteligencia artificial como herramientas para lograr llevar a cabo la doble transición, verde y digital, de forma exitosa.
A nivel interno, España ha lanzado el proceso denominado “ Consenso por una Administración Abierta ”, que reúne a funcionarios, expertos y ciudadanos en 18 grupos de trabajo para repensar el funcionamiento del gobierno mediante metodologías innovadoras y la participación ciudadana. Este esfuerzo, que se desarrolla en el Laboratorio de Innovación Pública (LIP) del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), busca presentar propuestas concretas para mejorar la confianza en las instituciones a través de la apertura y la colaboración.
Asimismo, el gobierno está elaborando también su V Plan de Acción de Gobierno Abierto (2025-2029) , cuya fase de consulta pública recibió más de 400 propuestas de ciudadanos y organizaciones, multiplicando por 2,5 la participación respecto al Plan anterior.
El desafío de gobierno abierto: reformas, alcance y obstáculos
En respuesta a los retos anteriormente mencionados, el OGP ha lanzado recientemente el Desafío del gobierno abierto . Se trata de una iniciativa que busca canalizar las energías reformadoras hacia diez áreas prioritarias , buscando avances comunes y significativos en las siguientes áreas durante los próximos cinco años:
- Acceso a la información (transparencia y derecho a saber).
- Anticorrupción (integridad pública y lucha contra la corrupción).
- Espacio cívico (protección de las libertades de asociación, expresión, reunión).
- Clima y medio ambiente (gobernanza climática transparente y participativa).
- Gobernanza digital (uso ético y abierto de los datos y las tecnologías).
- Apertura fiscal (presupuestos abiertos, contrataciones y gastos transparentes).
- Género e inclusión (igualdad de género, inclusión de grupos vulnerables).
- Justicia (justicia abierta, acceso a la justicia y sistemas judiciales transparentes).
- Libertad de medios (protección del periodismo independiente y la información veraz).
- Participación pública (mecanismos efectivos de participación ciudadana en decisiones).
Cada área temática viene acompañada de una guía con ejemplos de reformas, casos de uso inspiradores e ideas de compromisos específicos que los países pueden adoptar . La ambición es que estas diez áreas concentren los esfuerzos globales, fomentando la colaboración y evitando la dispersión. El OGP se encargará de destacar periódicamente las reformas más ambiciosas en cada campo con el objetivo de que sirvan de ejemplo e inspiración para otros. De hecho, será en Vitoria-Gasteiz también donde se reconocerán inicialmente las reformas más prometedoras e impactantes que los países presenten a dicho desafío mediante los Open Gov Challenge Awards , que premiarán la ambición, innovación, sostenibilidad y participación en cada una de las materias anteriormente mencionadas.
Derechos digitales, datos abiertos y ética
Una de las dimensiones estratégicas más novedosas en la agenda del OGP, y en la que la presidencia española ha puesto también especial énfasis, es la intersección entre gobierno abierto y transformación digital . En pleno 2025, es evidente que la apertura gubernamental ya no se limita a portales de transparencia, sino que abarca temas como la ética en el uso de algoritmos, la protección de derechos en Internet, la gestión responsable de datos y la participación ciudadana apoyada en nuevas tecnologías. La ética digital deja por tanto de ser un asunto de nicho para integrarse en la agenda principal de gobierno abierto.
Por un lado, la expansión de la inteligencia artificial y la toma de decisiones automatizada en el sector público genera tanto promesas como preocupación. Promesas, porque bien utilizadas estas herramientas pueden mejorar la eficiencia y la personalización de los servicios públicos. Preocupación, porque introducen riesgos de opacidad, sesgos discriminatorios y amenazas a la privacidad. Es aquí donde el gobierno abierto puede aportar su valor a través medidas proactivas para asegurar la inclusión digital y prevenir la discriminación algorítmica. Algunas de las reformas modelo sugeridas en este ámbito incluyen:
- Registros de algoritmos para que los ciudadanos sepan qué sistemas automatizados usa su gobierno y con qué datos).
- Evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de desplegar IA en la administración.
- Creación de mecanismos de reclamación específicos cuando una decisión automatizada cause perjuicio.
- Establecimiento de organismos independientes de supervisión de la IA.
Por otro lado, los derechos digitales de la ciudadanía han cobrado creciente protagonismo. España, por ejemplo, promulgó una Carta de Derechos Digitales que reconoce principios como la identidad digital, la protección de datos personales, la neutralidad de la red y la seguridad online de colectivos vulnerables. Esta carta muestra el camino de cómo los gobiernos pueden comprometerse a extender los derechos humanos clásicos al ámbito digital, y es de esperar que otros países asuman también compromisos en esta misma línea.
Otros aspectos críticos con la creciente digitalización de los gobiernos son la privacidad y la protección de datos. Aquí es donde entra la noción de gobernanza de datos, que implica reglas claras sobre qué datos abre un gobierno, cómo los anonimiza, cómo permite su reutilización y cómo protege a los individuos. La apertura de datos sigue siendo también un componente troncal de la agenda, pero ahora se le mira a través de una lente más madura. Tras años de portales de datos abiertos, se reconoce que no basta con publicar nuevos conjuntos de datos, sino que también hay que asegurar su calidad, relevancia y uso efectivo.
En definitiva, los derechos digitales, la gobernanza de datos y de la IA, la ética digital y los datos abiertos constituyen un nuevo eje transversal que está cobrando creciente protagonismo en el OGP, en parte también gracias al impulso por parte de la presidencia española. Representan la adaptación del gobierno abierto a los desafíos del siglo XXI. Sin atender esta dimensión digital, el ecosistema de gobierno abierto correría el riesgo de quedarse rezagado ante la evolución tecnológica y los demás pilares del gobierno abierto podrían verse socavados por las “cajas negras” algorítmicas.
Conclusiones: una mirada hacia Vitoria-Gasteiz 2025
La próxima Cumbre Global de OGP en Vitoria-Gasteiz se vislumbra por tanto como un nuevo punto de inflexión para el movimiento de gobierno abierto. Su relevancia global radica en la necesidad de reafirmar valores y acciones concretas de apertura gubernamental en un contexto donde la democracia enfrenta graves retos. Hemos visto que el OGP llega a este nuevo hito con varias fortalezas, pero también con deberes pendientes y algunas preguntas incómodas: ¿Se deberían endurecer los criterios de permanencia para los gobiernos que faltan a sus compromisos? ¿Cómo financiar la implementación de compromisos en los países con menor capacidad? ¿Se está midiendo adecuadamente el impacto real en la vida cotidiana de la gente?
La presidencia española, por su parte, ha aportado entusiasmo e ideas frescas, con un énfasis particular en ciudadanía y digitalización, aunque también con el reto final de conseguir que estos nuevos principios se traduzcan en actuaciones concretas y resultados a nivel global. La presencia de 2.000 delegados internacionales brindará la posibilidad de generar nuevas coaliciones que habiliten ese cambio. Si los gobiernos y la sociedad civil logran acordar nuevos objetivos ambiciosos en el ámbito digital el OGP habrá demostrado nuevamente su valía como motor de innovación democrática.
Los mejores gobiernos son aquellos que abren sus puertas, sus datos y sus procesos a la ciudadanía. Que este encuentro sirva para afianzar esa convicción y traducirla en reformas concretas será, sin duda, el mejor resultado posible.
