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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recogió y amplió la figura de funcionario habilitado en los artículos 2 y 27, respectivamente, e instauró un período transitorio determinando que las previsiones relativas al registro de empleados públicos habilitados tendrían efectos a partir del día 2 de octubre de 2020 (según el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, en su artículo sexto, que modificó la disposición final séptima). Asimismo, esta Ley, en su disposición adicional segunda, prevé la adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a determinadas plataformas y registros de la Administración General del Estado entre los que no se encuentra expresamente mencionado el Registro de funcionarios Habilitados de esta Administración.
Por otro lado, el Consejo de Estado informó de la necesidad de que se aprobase el Real Decreto de desarrollo de la mencionada Ley 39/2015 de 1 de octubre, con el fin de desarrollar los preceptos que establecen las bases del registro y de las funciones de los funcionarios habilitados, para posteriormente aprobar una nueva orden ministerial que derogue la Orden HAP/7/2014, de 8 de enero. Por las razones mencionadas, procede esperar a la entrada en vigor tanto del Reglamento de desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como a la de la Orden por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados en la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de derecho público, que podrán prever la posibilidad de adhesión por otras Administraciones Públicas al mismo, así como la forma concreta de llevarla a efecto.
Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público.
Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público.
