- Puesta en producción de la nueva aplicación del Registro Electrónico General
- Los ciudadanos pueden acceder a su Historia Clínica en la app “Mi Carpeta Ciudadana”
- Disponible la tercera versión oficial de Mi Carpeta Ciudadana
- La Seguridad Social comienza a publicar sus notificaciones en la Dirección Electrónica Habilitada única
- La Dirección General del Catastro inicia la publicación de sus notificaciones en la DEHú
- Nuevas versiones del aplicativo Autofirma v1.8
La finalidad del Buzón Ético y de Buen Gobierno es facilitar que cualquier persona o servidor público pueda comunicar conductas llevadas a cabo por la Administración municipal que resulten contrarias a derecho, a los principios o a las reglas éticas y de buen gobierno y administración determinados en el marco normativo vigente.
El objetivo es tutelar el uso correcto de los recursos públicos, la resolución de los conflictos de interés, la objetividad y la neutralidad de la gestión pública en el ejercicio de las competencias municipales en general y, en especial, en los temas de contratación pública, función pública, actividad de fomento, ordenación urbanística, etcétera.
Una vez presentada la comunicación mediante el buzón, las personas obtienen en la aplicación un acuse de recibo del envío que incorpora un código alfanumérico de acceso a un canal de comunicación de carácter confidencial.
El código es el único modo de acceder a este canal, y es responsabilidad del comunicador conservarlo.
Este canal seguro de comunicación electrónica, que garantiza la confidencialidad de las comunicaciones y ofrece la posibilidad de preservar el anonimato, permite mantener la colaboración con el órgano gestor del buzón en la comprobación de los hechos y conocer el estado de tramitación de la comunicación.
Hay que mantener el diálogo mediante este canal de comunicación para facilitar las tareas de investigación y de comprobación de los hechos.
La falta de respuesta a los requerimientos de información formulados a través del buzón puede comportar el archivo de las actuaciones.
Una vez presentada la comunicación y admitida a trámite, y en un plazo no superior a seis meses, se procederá a comprobar los hechos.
Se hará mediante tareas de investigación y, si procede, se formularán recomendaciones con medidas de mejora en la gestión pública, o se propondrá al órgano competente iniciar expedientes administrativos para restaurar la legalidad alterada, la adopción de medidas sancionadoras o disciplinarias o la comunicación a la fiscalía de las conductas que puedan resultar constitutivas de ilícito penal.
Durante todo el proceso se incluyen mecanismos para garantizar tanto la integridad de las personas que aportan información como la de aquellas a las que esta hace referencia. |