Con esta ley se sientan las bases para que los ciudadanos disfruten de las ventajas y servicios de la alta velocidad de acceso a internet, tanto desde su hogar como en movilidad. La nueva Ley se configura como la clave que sustenta el régimen jurídico de las telecomunicaciones y es un instrumento de primer orden para llevar a cabo reformas estructurales en uno de los sectores llamados a ser palanca de la recuperación de España.
La Ley General de Telecomunicaciones persigue como objetivos principales la cohesión social y territorial en el ámbito de las telecomunicaciones, la eficiencia en los despliegues mediante la adopción de medidas que ayuden a los operadores a desplegar sus redes con mayor facilidad y así poder realizar las inversiones que la innovación tecnológica demanda y que es una característica de este sector.
Además, refuerza la unidad de mercado mediante el diseño de nuevos mecanismos de colaboración entre el Estado y las restantes Administraciones Públicas, que faciliten la adopción de acuerdos y el ejercicio legítimo de las competencias de las distintas Administraciones.
Con la consecución de estos objetivos se pretenden alcanzar los fines últimos que persigue la nueva Ley General: disponer de redes y servicios más innovadores, más adaptados a las necesidades de los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios cada vez más asequibles, que contribuyan al crecimiento y a la recuperación económica, así como, a la creación de empleo.
