El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y siete organizaciones empresariales y sociales, han presentado los resultados del acuerdo, suscrito hace dos años, para reducir las cargas burocráticas en la Administración. El acto, en el que han participado la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, y responsables de CEOE-Cepyme, Cámara de Comercio de España, CERMI, ATA, CEPES, UPTA y PMP, ha servido también para renovar ese compromiso de colaboración público-privada.
A través de esos convenios las organizaciones de la sociedad civil identifican esas cargas y barreras administrativas, las ponen en conocimiento de la Administración y ésta se encarga de analizarlas y buscar una solución.
Fruto de esa colaboración, la Administración ha recibido 175 propuestas y ha realizado mejoras en diferentes áreas, con estos resultados:
- Simplificación de trámites para acercar la Administración a las necesidades de las entidades privadas, con el fin de mejorar la atención a los interesados en el Kit Digital.
- Mejoras en la herramienta Factura-e, con una interfaz más usable e intuitiva.
- Eliminación de la aportación de determinados documentos en procedimientos de diversa índole, puesto que ya obran en poder de la Administración.
- Reducción de plazos de respuesta por parte de la Administración.
- Establecer o ampliar convenios entre diferentes organismos para la intermediación de datos, evitando la solicitud de estos a los interesados en los procedimientos.
- Establecer canales de atención e información a los usuarios, tanto telefónica como presencialmente, especialmente para colectivos más vulnerables.
- Elaborar/mejorar guías de ayuda a usuarios en el manejo de aplicaciones y orientación en determinados procedimientos.
Otra de las soluciones ofrecidas por la Administración para mejorar los servicios públicos ha sido la puesta a disposición entre los clientes de Renfe de la reserva del billete H, es decir, asientos reservados para personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas.
Las medidas de reducción de cargas administrativas favorecen y fomentan la actividad económica y simplifican las relaciones de la ciudadanía y las empresas con las distintas administraciones.
