- Puesta en producción de la nueva aplicación del Registro Electrónico General
- Los ciudadanos pueden acceder a su Historia Clínica en la app “Mi Carpeta Ciudadana”
- Disponible la tercera versión oficial de Mi Carpeta Ciudadana
- La Seguridad Social comienza a publicar sus notificaciones en la Dirección Electrónica Habilitada única
- La Dirección General del Catastro inicia la publicación de sus notificaciones en la DEHú
- Nuevas versiones del aplicativo Autofirma v1.8
Situación de partida y origen de la iniciativa
Por un lado, la DG de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, competente en simplificación administrativa, tenía interés en llevar a cabo un estudio piloto de reducción de cargas administrativas.
Por otro lado, la modificación o el proyecto de modificación de dos de los procedimientos relacionados con empresas de la DG de Industria, Energía y Minas, unos volúmenes de tramitación anuales significativos y muy buena disposición de esta DG hicieron que se iniciaran los trabajos del estudio.
Objetivos
- Identificación de las obligaciones de información que tenían que cumplir las empresas, tras el análisis de la normativa vigente.
- Cuantificación de las cargas administrativas (CA) derivadas de estas obligaciones de información.
- Identificación e implantación de medidas que permitieran reducir o eliminar las cargas administrativas.
- Medición del impacto sobre la reducción de las cargas administrativas y sobre el coste de oportunidad (CO) que las modificaciones de la normativa vigente a nivel autonómico podrían suponer.
Principales dificultades y aspectos clave para la implantación
- Tal como se desprende de los cálculos efectuados, no cabe duda respecto a que una disminución de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos es sumamente interesante para las empresas, ya que determina un acortamiento del momento en que éstas pueden sacar al mercado sus productos, y aumenta las expectativas de negocio.
- Desde el punto de vista de las AAPP, es interesante hacer un esfuerzo en la disminución de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, además de la simplificación administrativa de los procedimientos.