El proyecto consistió en la medición de las cargas administrativas y de los costes de oportunidad que suponían las mejoras de tramitación en los siguiente procedimientos administrativos que la DG de Industria, Energía y Minas tenía previsto modificar:
Procedimiento A: Registro de instalación y puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios (modificación normativa: Orden de 27 de mayo de 2009). La modificación consistió en unificar las dos fases del procedimiento en una sola, de forma que, además de la simplificación de los trámites, se produjese una reducción del tiempo de resolución, pasando de 3 a un máximo de un mes.
Procedimiento B: Autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (proyecto de decreto de simplificación en tramitación). Se plantea dividir las instalaciones de energía eléctrica en cinco grupos, en función del tipo, potencia o complejidad, y aplicar simplificaciones en los trámites a realizar por cada uno de ellos.
Los criterios de selección de dichos procedimientos fueron los siguientes:
Procedimientos destinados a empresas, preferiblemente pequeñas y medianas.
Procedimientos con un número anual de expedientes significativo.
Procedimientos no estacionales.
Las obligaciones de información debían estar reguladas por normativa autonómica.
Debía existir una modificación legislativa o propuestas de simplificación a nivel autonómico.
Desde el punto de vista funcional, para la medición de las cargas se utilizó el Modelo de Costes Estándar (MCE).
Desde el punto de vista organizativo, se contó con la colaboración de la empresa Deloitte y la participación de la DG de Industria, Energía y Minas.
Desde el punto de vista operativo, siguiendo el MCE, se realizaron entrevistas a las empresas de servicios en general, en el primero de los casos, y a las empresas eléctricas, en el segundo, a fin de valorar las cargas administrativas.
En relación con las líneas de evolución en el futuro, el pasado 15 de mayo de 2010 se firmó un Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y la Comunidad de Madrid, a fin de realizar acciones conjuntas en materia de reducción de cargas administrativas, y ya se están llevando a cabo estudios de simplificación y reducción de cargas en las Consejerías de Sanidad y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
