El punto de partida es un cambio de paradigma desde la normativa general sobre transparencia y acceso a la información, impulsado también desde el plano internacional, con referentes como la Alianza para el Gobierno Abierto y la Carta Internacional de Datos Abiertos, a la que España se ha ido adhiriendo progresivamente. En concreto, frente a un modelo regulatorio de acceso a la información más formalizado, propio de la normativa general sobre transparencia, la regulación sobre reutilización de la información del sector público apuesta por la disponibilidad proactiva de datos mediante catálogos, formatos legibles por máquina y licencias-tipo, situando el foco no en la solicitud individual sino en la apertura por defecto.
A nivel europeo, el informe presenta de manera sucinta cómo ha evolucionado la normativa sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público, sobre todo a partir de la Directiva de 2019, que ha ampliado progresivamente su alcance y ámbito de aplicación para incluir, entre otros, los datos de investigación financiados con fondos públicos, los metadatos o los llamados datos de alto valor. A esta regulación general se han ido añadiendo normativas más recientes que intentan hacer frente a tensiones específicas de carácter jurídico, entre las que destacan:
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El Reglamento de Gobernanza de Datos, que intenta facilitar la reutilización de información sensible por derechos de terceros, como es el caso de la protección de datos personales.
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El Reglamento de Datos, que regula el acceso equitativo a la información generada por dispositivos conectados, incluyendo relaciones entre empresas y, en casos excepcionales, hacia el sector público.
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El Reglamento sobre inteligencia artificial, que establece exigencias de calidad y representatividad relativas a los conjuntos de datos usados para entrenar sistemas de alto riesgo, conectando así la apertura de datos con la protección frente a sesgos algorítmicos.
A continuación, el informe aborda de manera específica la regulación existente en España por lo que se refiere a la reutilización de la información del sector público y, en particular, la legislación básica que se aplica en todos los ámbitos: la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público (LRISP) y su reforma en 2021. De manera complementaria, y en concreto desde la perspectiva territorial, se subraya, de una parte, la notable heterogeneidad que existe en la regulación autonómica y, de otra, se presenta el modelo de ordenanza de referencia elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias.
