La ciudadanía espera que su gobierno actúe con rapidez, se adapte al cambio y responda con eficacia, lo que ejerce presión sobre las instituciones públicas para que se mantengan al día. Las tecnologías digitales y los datos son fundamentales para satisfacer estas demandas: se han convertido en una infraestructura esencial para que los gobiernos puedan desempeñar sus funciones y abordar los desafíos actuales en materia de políticas públicas y prestación de servicios.
El informe ‘Perspectivas del Gobierno Digital 2026. De los cimientos al impacto transformador’ presenta los resultados del Índice de Gobierno Digital (DGI) de la OCDE y del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata), que ilustran cómo los gobiernos de 36 países de la OCDE y 8 países candidatos a la adhesión han estado mejorando la transformación digital coherente, eficaz y centrada en las personas en el ámbito gubernamental en los últimos años.
Gobierno Digital
Los índices DGI y OURdata de la OCDE miden la madurez y el desempeño del gobierno digital. Ambos muestran mejoras claras desde 2023: la puntuación promedio del DGI para los países de la OCDE aumentó en 9 puntos porcentuales (pp) y el índice OURdata, en 5 pp. Los mayores avances se observan en la forma en que los países gestionan y utilizan los datos, diseñan servicios centrados en el usuario y adoptan la IA en diversos ámbitos políticos. Sin embargo, los gobiernos son mucho mejores desarrollando estrategias digitales que implementándolas o supervisándolas. El reto consiste en convertir una sólida base digital en práctica cotidiana.
Infraestructuras digitales
La mayoría de los países de la OCDE ya cuentan con una infraestructura digital básica. La gobernanza de la identidad digital está ampliamente consolidada y todos los países tienen estrategias de datos gubernamentales. Sin embargo, aún existen brechas para aprovechar plenamente su potencial. La mayoría de los países cuentan con sistemas de interoperabilidad de datos, pero solo dos tercios logran una adopción generalizada en el gobierno, y la identidad digital todavía no garantiza un acceso directo a los servicios públicos. Para aprovechar al máximo estos fundamentos, será necesario ampliar su adopción, mejorar la gobernanza y la reutilización de los datos, y asegurar que funcionen conjuntamente como un sistema coherente.
IA
La IA se utiliza actualmente en casi todos los gobiernos de la OCDE, principalmente para mejorar los procesos internos y los servicios públicos. La mayoría de los países cuentan con estrategias, instituciones especializadas y programas de capacitación. Sin embargo, es necesario fortalecer las bases para un uso seguro y a gran escala de la IA. Pocos gobiernos evalúan si las herramientas de IA ofrecen resultados, el apoyo a las adquisiciones es limitado y herramientas como las evaluaciones de riesgos y los registros de transparencia siguen siendo escasas. El reto para los gobiernos ahora consiste en adecuar el ritmo de adopción a una gobernanza bien diseñada, capacidades digitales sólidas y evidencias fiables.
Inversiones digitales
Los gobiernos están mejorando la planificación, la financiación y la gestión de proyectos digitales, con una gobernanza más sólida, directrices de contratación pública e inversión en competencias digitales. Sin embargo, los sistemas de presupuestación y supervisión siguen enfoques tradicionales que no se adaptan a la naturaleza iterativa del desarrollo e implementación de las tecnologías digitales. Solo uno de cada cuatro países de la OCDE evalúa si las inversiones digitales generan los resultados esperados. Los esfuerzos para desarrollar competencias están creciendo, pero se encuentran fragmentados, ya que solo seis países cuentan con una estrategia específica para la fuerza laboral digital. Lograr el equilibrio adecuado entre la externalización y la experiencia interna sigue siendo un reto importante.
¿Qué pueden hacer los gobiernos?
- Ampliar el uso de la infraestructura pública digital y los datos en todo el gobierno. Los gobiernos deberían integrar la infraestructura digital compartida, como los sistemas de intercambio de datos, la identidad digital y las plataformas comunes, como parte fundamental de su funcionamiento diario. Esta infraestructura digital compartida debe estar respaldada por normas claras, financiación sostenible, una sólida gobernanza de datos y un diseño centrado en el usuario que priorice las necesidades y el control de las personas, generando así la confianza necesaria para su adopción y uso a gran escala.
- Continuar fortaleciendo las capacidades digitales para una IA confiable y escalable en el gobierno. Los gobiernos deberían ir más allá de las estrategias y los proyectos piloto de IA, estableciendo las condiciones prácticas para un uso seguro y a gran escala, incluyendo una clara rendición de cuentas, datos fiables, procesos transparentes, un apoyo más inteligente a las adquisiciones y una evaluación sistemática de lo que la IA está logrando en la práctica, en particular a medida que los gobiernos exploran el uso de la IA con capacidad de gestión de agentes.
- Diseñar los servicios públicos en torno a la vida de las personas, no a las estructuras institucionales. Los gobiernos deberían facilitar el uso de los servicios públicos estableciendo normas claras que se apliquen en todas partes, haciendo un seguimiento de los puntos donde la gente tiene dificultades, involucrando a las personas más vulnerables en el diseño de los servicios, integrando los servicios para que la gente no tenga que cambiar de organismo y utilizando datos e inteligencia artificial para ofrecer ayuda antes de que la gente tenga que pedirla.
- Asegurar que la gobernanza, la inversión y las habilidades se ajusten a la naturaleza iterativa de las tecnologías digitales. Los gobiernos deberían adoptar modelos de gobernanza orientados a la consecución de resultados que les permitan financiar por etapas, aprender sobre la marcha, reforzar la supervisión y la evaluación para comprobar si las inversiones están dando los resultados previstos, tomar decisiones más acertadas sobre la creación o la compra de tecnología, e invertir en los equipos y las habilidades digitales necesarios para convertir las bases digitales en un rendimiento operativo sostenido.
Datos de España
En la edición de 2025 del Índice de Gobierno Digital de la OCDE, España obtiene una puntuación de 0,75, por encima de la media de la OCDE de 0,70. Esto representa un aumento de 0,15 desde 2023.
España consigue puntuaciones más altas en Diseño Digital (0,82), Sector Público Basado en Datos (0,82), Proactividad (0,78), Gobierno como Plataforma (0,74) y Orientación al Usuario (0,73), en comparación con los promedios de la OCDE de 0,75, 0,74, 0,67, 0,71 y 0,71, respectivamente. Estos resultados demuestran que España ha avanzado en la integración de tecnologías digitales en la administración pública, el aprovechamiento de datos para la toma de decisiones y la adopción de enfoques proactivos en la prestación de servicios.
España obtiene una puntuación superior a la media de la OCDE en el indicador de "Apertura por defecto" (0,63 frente a 0,59), si bien esta sigue siendo su dimensión más baja en comparación con las demás. Esto sugiere que España podría intensificar sus esfuerzos para promover la apertura y la transparencia de los datos y procesos gubernamentales.
En la edición 2025 del Índice OURdata de la OCDE, España obtiene una puntuación de 0,76, superior a la media de la OCDE de 0,53. Esto representa un incremento de 0,01 puntos con respecto a 2023.
España consigue puntuaciones más altas en los tres pilares: 0,59 en Disponibilidad de datos, 0,77 en Accesibilidad de datos y 0,91 en Apoyo gubernamental a la reutilización de datos, en comparación con los promedios de la OCDE de 0,53, 0,67 y 0,40, respectivamente. Estos resultados reflejan el excelente desempeño de España en el apoyo gubernamental a la reutilización de datos, lo que sitúa al país entre los líderes de la OCDE en este ámbito.
España obtiene una puntuación superior a la media de la OCDE en disponibilidad de datos (0,59 frente a 0,53), si bien este sigue siendo su pilar más débil. Esto sugiere que España podría ampliar aún más el volumen y el alcance de los conjuntos de datos gubernamentales disponibles para el público.
Entre las principales novedades, el informe destaca que España ha establecido una estructura integral de gobernanza digital. La Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) lidera la política digital en el marco del Plan de Digitalización de la Administración Pública 2021-2025. La coordinación se garantiza a través de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, que abarca las administraciones estatales, autónomas y locales, con el apoyo externo del Consejo Asesor Internacional sobre Inteligencia Artificial.
En la administración pública española se aplica un enfoque integral para el desarrollo de competencias digitales. La Estrategia de Aprendizaje 2023-2024 del INAP ofrece formación estructurada en torno a cinco ejes de competencias, con un eje específico para competencias digitales y teletrabajo. La oferta incluye cursos formales sobre datos abiertos, ciberseguridad y facturación electrónica, aprendizaje online a ritmo propio, mecanismos de movilidad, comunidades de práctica y el Laboratorio de Innovación Pública como espacio para la experimentación y la colaboración.
En España, un sólido marco de calidad de datos se apoya en las especificaciones nacionales de la UNE. La Oficina de Datos patrocinó y participó en la creación de las especificaciones UNE 0077:2023 sobre Gobernanza de Datos, UNE 0078:2023 sobre Gestión de Datos y UNE 0079:2023 sobre Gestión de la Calidad de Datos. Diseñadas para su aplicación conjunta, estas especificaciones proporcionan un marco de referencia armonizado para prácticas de datos sostenibles y eficaces en organizaciones públicas y privadas.
Si bien España destaca en áreas como la financiación, la gestión y el seguimiento, es necesario reforzar componentes más amplios de su marco de inversión digital. Aún no se dispone de un modelo estandarizado de propuesta de valor, evaluaciones sistemáticas de riesgos ni análisis de coste-beneficio ex post. El desarrollo de estas capacidades podría facilitar una supervisión más integral de las inversiones digitales.
Asimismo, aunque España destaca por sus buenos estándares de servicio y la colaboración en tecnología gubernamental, persisten deficiencias en el uso de datos para el diseño y la prestación de servicios, así como en la medición de las necesidades de los usuarios a lo largo del ciclo de vida del servicio. El fortalecimiento de estas capacidades podría contribuir a una mejora del servicio más sistemática y basada en la evidencia.