Proyectos para impulsar el gobierno abierto en España

El pasado mes de octubre España acogió la Cumbre Global OGP 2025 , un evento de referencia internacional sobre el gobierno abierto. Más de 2.000 representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y expertos/as de políticas públicas de todo el mundo se reunieron en Vitoria-Gasteiz para conversar sobre la importancia de mantener gobiernos abiertos, participativos y transparentes como pilares de la sociedad.

La ubicación elegida para este encuentro no fue casualidad: España lleva más de una década construyendo un modelo de gobierno abierto que la ha posicionado como referente internacional. En este artículo vamos a repasar algunos de los proyectos que se han puesto en marcha en nuestro país para transformar su Administración pública y acercarla a la ciudadanía.

El gobierno abierto es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo.

La apuesta española por el gobierno abierto tiene un recorrido consolidado. Desde que España se unió a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011 , el país ha desarrollado cinco planes de acción consecutivos que han ido ampliando y profundizando en las iniciativas de apertura gubernamental. Cada plan ha supuesto un avance respecto al anterior, incorporando nuevos compromisos y respondiendo a los desafíos emergentes de la sociedad digital.

El V Plan de Gobierno Abierto (2024-2028) representa la evolución de esta estrategia. Su proceso de elaboración incorporó una metodología de cocreación que involucró a múltiples actores de la sociedad civil, Administraciones públicas de todos los niveles y expertos en la materia. Este enfoque participativo facilitó que el plan respondiera a necesidades reales y contara con el respaldo de todos los sectores implicados.

Bajo el lema ldquo;La mayor transformación de la Justicia en décadas”, el programa Justicia 2030  se plantea como una hoja de ruta para modernizar el sistema judicial español. Su objetivo es construir una justicia más accesible, eficiente, sostenible y centrada en las personas, mediante un modelo de cogobernanza que involucra a Administraciones públicas, operadores jurídicos y ciudadanía.

El plan se articula en torno a tres ejes estratégicos:

1. Accesibilidad y justicia centrada en las personas

Este eje busca garantizar que la justicia llegue a toda la ciudadanía, reduciendo brechas territoriales, sociales y digitales. Entre las principales medidas destacan:

• Accesos y atención presencial y digital: impulso de sedes judiciales más accesibles, tanto física como tecnológicamente, con servicios adaptados a colectivos vulnerables.

• Educación legal básica: iniciativas de alfabetización jurídica para la población general, favoreciendo la comprensión del sistema judicial.

• Justicia inclusiva: programas de mediación y justicia restaurativa, con especial atención a víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad.

• Nuevas realidades sociales: adaptación del sistema judicial a los retos contemporáneos (violencia digital, delitos medioambientales, derechos digitales, etc.).

2. Eficiencia del servicio público de justicia

El programa defiende que la transformación tecnológica y organizativa es clave para una justicia más ágil y eficiente. Este segundo eje incorpora avances orientados a la gestión moderna y la digitalización:

• Oficinas de justicia en los municipios: creación de puntos de acceso a la justicia en localidades pequeñas, acercando los servicios judiciales al territorio.

• Reforma procesal y organizativa: actualización de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del marco procesal para mejorar la coordinación entre juzgados.

• Expediente judicial electrónico: consolidación del expediente digital y de las herramientas interoperables entre instituciones.

• Inteligencia artificial y datos judiciales: uso responsable de tecnologías avanzadas para mejorar la gestión de expedientes y la predicción de cargas de trabajo.

3. Justicia sostenible y cohesionada territorialmente

El tercer eje busca que la modernización judicial contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  y a la cohesión territorial.

Las líneas principales son:

• Justicia ambiental y climática: promoción de mecanismos legales que favorezcan la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático.

• Cohesión territorial: coordinación con comunidades autónomas para garantizar igualdad de acceso a la justicia en todo el país.

• Colaboración institucional: fortalecimiento de la cooperación entre poderes públicos, entidades locales y sociedad civil.

Si Justicia 2030 representa la transformación del acceso a la justicia, el Portal de la Transparencia está pensado para garantizar el derecho ciudadano a la información pública. Esta plataforma digital, operativa desde 2014, centraliza la información sobre las organizaciones administrativas y permite a la ciudadanía ejercer su derecho de acceso a la información pública de manera sencilla y directa. Sus principales funciones son:

• Publicación proactiva de información sobre las actividades gubernamentales, presupuestos, contrataciones, subvenciones, convenios y decisiones administrativas, sin necesidad de que los ciudadanos lo soliciten.

• Sistema de solicitud de información para acceder a documentación no disponible públicamente, con plazos legalmente establecidos para la respuesta administrativa.

• Procesos participativos que permiten a los ciudadanos intervenir activamente en el diseño y evaluación de políticas públicas.

• Indicadores de transparencia que miden objetivamente el cumplimiento de las obligaciones de las diferentes administraciones, permitiendo comparaciones y fomentando la mejora continua.

Este portal se vertebra en tres derechos fundamentales:

1. Derecho a saber: todo ciudadano puede acceder a información pública, ya sea a través de la consulta directa en el portal o ejerciendo formalmente su derecho de acceso cuando la información no esté disponible.

2. Derecho a entender: la información debe presentarse de forma clara, comprensible y adaptada a diferentes públicos, evitando tecnicismos innecesarios y facilitando la interpretación.

3. Derecho a participar: los ciudadanos pueden intervenir en la gestión de asuntos públicos mediante los mecanismos de participación ciudadana habilitados en la plataforma.

La plataforma cumple con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , una norma que supuso un cambio de paradigma, reconociendo el acceso a la información como un derecho fundamental del ciudadano y no como una concesión graciosa de la administración.

Otro proyecto que aboga por el gobierno abierto es el "Consenso por una Administración Abierta" . Según este documento de referencia, no se trata únicamente de abrir datos o crear portales de transparencia, sino de transformar radicalmente la forma en que se diseñan e implementan las políticas públicas. Este consenso sustituye el modelo tradicional vertical, donde las administraciones deciden unilateralmente, por un diálogo permanente entre administraciones, operadores jurídicos y ciudadanía. El documento se estructura en cuatro ejes estratégicos:

1. Administración Abierta a las capacidades del sector público

• Desarrollo de un empleo público proactivo, innovador e inclusivo.

• Implementación responsable de sistemas de inteligencia artificial.

• Creación de espacios seguros y éticos de datos compartidos.

2. Administración Abierta a políticas públicas informadas por evidencias y a la participación:

• Desarrollo de mapas interactivos de políticas públicas.

• Evaluación sistemática basada en datos y evidencias.

• Incorporación de la voz ciudadana en todas las fases del ciclo de políticas públicas.

3. Administración Abierta a la ciudadanía:

• Evolución de "Mi Carpeta Ciudadana" hacia servicios más personalizados.

• Implementación de herramientas digitales como SomosGob.

• Simplificación radical de trámites y procedimientos administrativos.

4. Administración Abierta a la Transparencia, la Participación y la Rendición de Cuentas:

• Renovación completa del Portal de Transparencia.

• Mejora de los mecanismos de transparencia de la Administración General del Estado.

• Fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas.

Todos estos proyectos y compromisos necesitan un espacio institucional donde puedan discutirse, evaluarse y ajustarse continuamente. Esa es precisamente la función del Foro de Gobierno Abierto que funciona como un órgano de participación y diálogo integrado por representantes de la administración central, autonómica y local. Y lo conforman 32 miembros de la sociedad civil cuidadosamente seleccionados para garantizar la diversidad de perspectivas.

Esta composición equilibrada garantiza que todas las voces sean escuchadas en el diseño e implementación de las políticas de gobierno abierto. El Foro se reúne de manera periódica para evaluar el avance de los compromisos, identificar obstáculos y proponer nuevas iniciativas que respondan a los desafíos emergentes.

Su funcionamiento transparente y participativo, con actas públicas y procesos de consulta abiertos, lo convierte en un referente internacional de buenas prácticas en gobernanza colaborativa. El Foro no es simplemente un órgano consultivo, sino un espacio de codecisión donde se construyen consensos que posteriormente se traducen en políticas públicas concretas.

Promovido por la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, HazLab  forma parte del Plan de Mejora de la Participación Ciudadana en los Asuntos Públicos, incluido en el Compromiso 3 del IV Plan de Gobierno Abierto de España (2020-2024).

HazLab es un espacio virtual diseñado para fomentar la colaboración entre la Administración, la ciudadanía, la academia, los profesionales y los colectivos sociales. Su propósito es impulsar una nueva forma de construir políticas públicas desde la innovación, el diálogo y la cooperación. En concreto hay tres áreas de trabajo:

• Espacios virtuales de colaboración, que facilitan el trabajo conjunto entre administraciones, expertos y ciudadanía.

• Proyectos de diseño y prototipado de servicios públicos, basados en metodologías participativas e innovadoras.

• Biblioteca de recursos, un repositorio con materiales audiovisuales, artículos, informes y guías sobre gobierno abierto, participación, integridad y transparencia.

El registro en HazLab es gratuito y permite participar en proyectos, eventos y comunidades de práctica. Además, la plataforma ofrece un manual de uso y un código de conducta para facilitar la participación responsable.

En conclusión, los proyectos de gobierno abierto que España está impulsando representan mucho más que iniciativas aisladas de modernización administrativa o actualizaciones tecnológicas. Constituyen un cambio cultural profundo en la concepción misma del servicio público, donde la ciudadanía deja de ser un mero receptor pasivo de servicios para convertirse en co-creadora activa de políticas públicas.

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