Asimismo, el texto contempla la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual para adaptar parcialmente el ordenamiento jurídico nacional al Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación y dar cumplimiento a varias medidas contempladas en el Plan de Acción por la Democracia y, en particular, en su eje de transparencia y pluralidad.
La Ley 13/2022, de Comunicación Audiovisual pasa a denominarse Ley General de Comunicación Audiovisual y de Medios de Comunicación, incluyendo a los prestadores de servicios de prensa dentro de su ámbito de aplicación. Además, se adapta el objeto y las definiciones de la Ley 13/2022 para garantizar la correcta comprensión del contenido del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación y el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas respecto de los medios de comunicación de su ámbito territorial.
En línea con el Plan de Acción por la Democracia, se contempla la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la CNMC, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países. “Con la aprobación de esta norma, superamos el 60% de cumplimiento de ese Plan de Acción por la Democracia”, ha subrayado el ministro.
El registro, que será de libre acceso para su consulta por cualquier persona, se configura como un instrumento de transparencia al servicio de la ciudadanía y de las empresas, con la finalidad de facilitar información sobre la propiedad de los medios de comunicación. Además, se crearán registros autonómicos coordinados con el registro estatal. En ellos, se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico.
Asimismo, se establecen las líneas básicas de un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios, que se desarrollará reglamentariamente, con el fin de garantizar el pluralismo y la independencia editorial de los mismos.
La futura norma también contribuye a identificar con claridad las autoridades estatales competentes en materia de medios de comunicación: el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que será competente para la propuesta de normativa en materia de medios de comunicación y para la promoción de la autorregulación y corregulación; y la CNMC, que será competente para el control y supervisión de las obligaciones previstas en la norma
El proyecto contribuye así a garantizar la libertad, la transparencia y el pluralismo de los medios de comunicación en el marco del mercado único europeo. Está basado en la idea de que disponer de una amplia gama de fuentes de información fiables y de periodismo de calidad es un factor indispensable para la formación de la opinión pública y uno de los pilares de la democracia y del Estado de derecho.
