La guía es muy útil, ya que, para explicar algunos conceptos, plantea retos para que las propias personas funcionarias puedan reflexionar sobre ellos e incluso ponerlos en marcha. Asimismo, los autores proponen casos que van ofreciendo un panorama del gobierno abierto en el mundo y su evolución, tanto de los conceptos relacionados con éste como de las leyes, normativas, planes relevantes y ámbitos de aplicación (incluidos la Ley 19/2023 de transparencia , la agenda España Digital 2025 , Carta Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos , conocido como RGPD). Como ejemplo, entre los casos que menciona, se incluyen el Plan de Inclusión Social Elkar-EKIN de la de Diputación Foral de Gipuzkoa y Frena La Curva , una iniciativa puesta en marcha por miembros de la Dirección General de Participación Ciudadana y el LAAAB del Gobierno de Aragón durante el COVID-19.
La guía también incluye un test de autodiagnóstico en rendición de cuentas, fomento de la colaboración, referencias bibliográficas y propuestas de mejora.
Además, ofrece diagramas y resúmenes para explicar y esquematizar cada concepto, así como pautas específicas para ponerlos en práctica. Por ejemplo, se incluye la pregunta ¿dónde están los límites en el acceso a la información pública? Para responderla, la guía cita en qué casos se puede dar acceso a información que haga referencia a la ideología, creencias, afiliación religiosa o sindical de una persona (pág. 26). Con una adaptación a contextos concretos, el manual muy bien podría servir de base para organizar talleres de formación para personas funcionarias por la cantidad de asuntos relevantes que aborda y su organización.
Los autores hacen bien en incluir también advertencias y críticas constructivas a la situación del gobierno abierto en las instituciones. Aunque no hacen señalamientos directos, hablan de:
- Cajas negras: Se critican por ser sistemas cerrados. Se afirma que las cajas negras se deben abrir y transparentar y se debe “incrementar la representación de sectores tradicionalmente excluidos de las decisiones públicas”.
- Lenguaje administrativo: Es un reto para una real transparencia, ya que, según un estudio que menciona la guía, de 760 textos oficiales, un 78% de ellos no eran claros. Entre lo más difícil de entender se encuentran las solicitudes de becas, ayudas y subvenciones, y los trámites vinculados con el empleo.
- La existencia de una falta de transparencia en algunos municipios, según apunta otro estudio mencionado en la guía. El índice de gobierno abierto global, elaborado por World Justice Project, coloca España en el puesto 24, por detrás de países como Estonia (14), Chile (18), Costa Rica (19) o Uruguay (21) y por delante de Italia (28), Grecia (36) o Rumanía (51), entre 102 países. Open Knowledge Foundation ha dejado de actualizar su Global Open Data Index, específicamente sobre datos abiertos.
En resumen, la administración pública se concibe como un paso hacia un Estado abierto, con la incorporación de los valores de lo abierto a todos los poderes del Estado, incluidos los poderes legislativo y judicial, además del gubernamental.