Existen una serie de datos muy valiosos, pero que por su naturaleza no se pueden abrir al gran público. Son datos confidenciales sobre los que recaen derechos de terceros que impiden su puesta a disposición a través de plataformas abiertas, pero que pueden ser fundamentales para investigaciones que promuevan avances para toda la sociedad, en campos como el diagnóstico médico , la evaluación de políticas públicas, la detección o enjuiciamiento de infracciones penales, etc.
Para facilitar la extracción de valor de estos datos, respetando la normativa vigente y los derechos vinculados, se han puesto a disposición de los investigadores unos entornos de tratamiento seguro, conocidos como salas seguras. El objetivo es que los investigadores puedan solicitar y, posteriormente, utilizar e integrar los datos contenidos en ciertas bases de datos en poder de organismos para llevar a cabo trabajos con fines científicos de interés público. Todo ello de manera controlada, segura y preservando la privacidad. Por ello, los investigadores e instituciones que tengan acceso a los datos estarán obligados a guardar absoluta reserva sobre los mismos y a no difundir ninguna información identificable.
En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), distintas instancias de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Banco de España han firmado un convenio para dinamizar el acceso controlado a este tipo de datos. El acuerdo se enmarca en la estrategia de la Unión Europea y el Reglamento de Gobernanza de Datos ( Data Governance Act o DGA en inglés), como te contamos en este artículo . Una de las ventajas de este convenio es que facilita el cruce de datos de diferentes organismos a través de Es_Datalab.