La Presidencia española cierr a el acuerdo del reglamento para crear una identidad digital europea única y segura

Tras un intenso trabajo desarrollado, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha culminado con éxito la negociación del reglamento de identidad digital europea, tras alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que permite cerrar este importante expediente legislativo. 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha presidido este miércoles en Bruselas el cuarto y último trílogo de cierre de este ambicioso reglamento, sin ninguna oposición por parte del resto de Estados miembros, la Comisión o el Parlamento.

"Con la aprobación del Reglamento de Identidad Digital Europea damos un paso fundamental para que los ciudadanos puedan disponer de una identidad digital europea única y segura. Se trata de un avance clave para que la Unión Europea sea un referente en el ámbito digital protegiendo nuestros derechos y valores democráticos”, ha afirmado la vicepresidenta Nadia Calviño.

Al trílogo han asistido también el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, y los colegisladores de este reglamento, los eurodiputados Cristian-Silviu Buşoi y Romana Jerković. 

El Reglamento (UE) n ° 910/2014, conocido como reglamento eIDAS, es el marco legal vigente en Europa para la identificación electrónica y servicios de confianza en transacciones electrónicas. La Comisión Europea propuso en septiembre del año 2020 actualizar este reglamento, (pasando a denominarse coloquialmente "eIDAS2"). 

Durante estos dos años, se ha venido trabajando en el Parlamento Europeo, en el Consejo de la UE y en la Comisión Europea para alcanzar, tras 19 reuniones técnicas bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, un acuerdo de texto final que será de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

El Reglamento eIDAS2 tiene como objetivo garantizar el acceso universal de las personas y las empresas a una identificación y autenticación electrónicas seguras y fiables.

Para ello, prevé que los Estados Miembros estarán obligados a emitir dentro de los 24 meses posteriores a la entrada en vigor al menos una cartera de identidad digital europea (European Digital Identity Wallet), que serán voluntarias para los ciudadanos y empresas en forma de aplicaciones móviles.

Dichas carteras digitales permitirán a ciudadanos identificarse digitalmente, almacenar y compartir un sinfín de datos identificativos, credenciales y atributos de identidad, tales como el permiso de circulación, titulaciones académicas, cuentas bancarias o recetas médicas. También permitirá la firma digital y controlar con quién y en qué condiciones se comparte esa información personal a terceros.

Todo ello de manera común y armonizada en el conjunto de la Unión Europea, lo que supone un gran paso hacia la cohesión territorial y el mercado único, ya que estas carteras digitales también podrán ser utilizadas en el sector privado.

Además, evitará utilizar métodos de identificación privados o compartir innecesariamente datos personales. El control del usuario garantizará que sólo se comparta la información que sea necesario compartir.

Entre los otros diversos acuerdos alcanzados y establecidos en el texto definitivo, con un enfoque armonizado de ciberseguridad, figuran también la exigencia de altos niveles de confianza y la gratuidad de estas carteras digitales, que serán desarrolladas bajo un modelo de fuentes abiertas (open source) que permita un mayor escrutinio y seguridad de estas aplicaciones.

También se establece la ampliación de servicios de confianza a los libros mayores electrónicos (electronic ledgers) y a la gestión de dispositivos de creación de firmas y sellos electrónicos a distancia, así como la expedición electrónica de atributos de identidad por parte de prestadores cualificados.

El texto se encontraba en la fase de negociación interinstitucional conocida comúnmente como trílogos, debido a que en estas discusiones participan tres instituciones de la Unión Europea –Consejo de la UE, Parlamento Europeo y Comisión Europea--.

Gracias al intenso trabajo realizado bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, el cuarto y último trílogo supone el colofón final a un gran esfuerzo negociador que se ha traducido en 19 reuniones técnicas desde que España recibió este expediente por parte de la anterior Presidencia Sueca. En la última reunión técnica celebrada el día 11 de octubre de 2023 todos los artículos pendientes de negociación quedaron finalizados en un texto acordado por todas las partes. 

Tras el consenso alcanzado hoy proseguirán los trabajos técnicos para completar el texto jurídico de conformidad con el acuerdo provisional. Una vez finalizado, el texto se presentará a Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros (Coreper) para su aprobación.

El acuerdo revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor.

La Presidencia española continúa trabajando para cerrar otros expedientes clave en el ámbito digital antes de la finalización de su mandato el 31 de diciembre.

Entre todos ellos destaca el Reglamento de Inteligencia Artificial, para que la Unión Europea sea la primera jurisdicción en el mundo con un régimen legal de materia de inteligencia artificial, garantizando que esta nueva tecnología responde a los derechos fundamentales europeos. El trabajo avanza en los trílogos celebrados hasta la fecha, con el objetivo de cerrar la negociación antes de final de año.  

También se está progresando con el Reglamento de Ciberresiliencia, para aumentar la ciberseguridad de los productos de hardware y de software. Se trata de proteger a los ciudadanos, dándoles unas garantías de seguridad y de calidad de todos aquellos productos que incorporan elementos digitales. 

Otro de los expedientes en curso de negociación es el Reglamento sobre Infraestructura Gigabit (GIA). Se trata de tener las infraestructuras de alta velocidad seguras en toda en toda Europa hasta 2030 para desplegar todas las redes de comunicaciones electrónicas y reducir costes del despliegue, dando además seguridad jurídica y transparencia a los operadores económicos. El objetivo de la Presidencia española es obtener el mandato del Consejo Europeo durante este semestre y comenzar a continuación las negociaciones con el Parlamento Europeo.

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