La propuesta (y su comunicación posterior) sigue a otras comunicaciones políticas de la Comisión Europea, como la Declaración de Tallin de 2017 sobre la administración electrónica, las conclusiones del Consejo Europeo de 9 de junio de 2020 sobre la configuración del futuro digital de Europa y la Declaración de Berlín de 2020 sobre la sociedad digital y la administración digital basada en valores , que señalan la necesidad de garantizar la interoperabilidad para apoyar el intercambio de datos, garantizar la soberanía digital y reforzar la resiliencia del sector público. El refuerzo de la interoperabilidad de los servicios públicos en Europa también forma parte del trabajo sobre la prioridad de la Comisión de crear «Una Europa adaptada a la era digital» y está consagrada en la Comunicación titulada «Brújula digital 2030: el camino europeo hacia el Decenio Digital», un programa político que guía la transformación digital de Europa.
A pesar de que la interoperabilidad se ha mencionado explícitamente como condición previa para numerosas políticas de la UE, este tema aún no se ha abordado mediante disposiciones políticas generales vinculantes de la UE. Por lo tanto, la propuesta de Ley de Europa Interoperable pretende colmar esta laguna. Un enfoque coherente hacia la interoperabilidad es clave y especialmente relevante para la aplicación satisfactoria de varias políticas digitales y programas de financiación de la UE, como el portal digital único y el principio de «solo una vez», el Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales, así como el Acta de Ciberseguridad de la UE y la Directiva sobre datos abiertos.
Por consiguiente, el Reglamento propuesto tiene por objeto abordar la limitada interoperabilidad de las redes y los sistemas de información que actualmente apoyan los servicios públicos digitales en la UE. Estas limitaciones se debían, hasta ahora, a varios factores, como la ausencia de especificaciones mínimas comunes de interoperabilidad, soluciones compartidas y estándares, así como la falta de un enfoque de «interoperabilidad por defecto» en el diseño y la aplicación de las políticas de la UE. En general, estos factores problemáticos aumentan los costes y la carga administrativa y reducen la eficiencia en todos los niveles de las administraciones públicas en toda Europa. También retrasan la aplicación de las políticas europeas por parte de los Estados miembros y la realización del mercado único digital. Por lo tanto, se espera que la entrada en vigor de la Ley de Europa Interoperable ayude a superar estos desafíos y refuerce la interoperabilidad transfronteriza y la cooperación en el sector público en toda la UE.