El ELI surgió en 2012 a través de unasConclusiones del Consejo (2012/C 325/02) en las que la Unión Europea invitaba a los Estados miembros a adoptar un estándar de identificación y descripción de las normas jurídicas. Esta iniciativa ha ido evolucionando y enriqueciéndose gracias a nuevas conclusiones publicadas en 2017 (2017/C 441/05 ) y 2019 (2019/C 360/01 ).
El ELI , que se basa en un acuerdo voluntario entre los países de la UE , busca facilitar el acceso, intercambio e interconexión de la información jurídica publicada en los sistemas nacionales, europeos y mundiales. De esta forma se facilita su disponibilidad como conjuntos de datos abiertos, impulsando su reutilización.
En concreto, el ELI permite:
- Identificar documentos legislativos, como normas o recursos legales, de forma univoca mediante un identificador único ( URI ), comprensible tanto por personas como por máquinas.
- Definir las características de cada documento a través de metadatos procesables automáticamente. Para ello utiliza vocabularios definidos mediante ontologías consensuadas y recomendadas para cada ámbito.
Gracias a ello, se consiguen una serie de ventajas:
- Aporta mayor calidad y fiabilidad.
- Aumenta la eficacia en los flujos de información, reduciendo tiempos y ahorrando costes.
- Optimiza y agiliza el acceso a la legislación de distintos sistemas jurídicos al proporcionar la información de manera uniforme.
- Mejora de la interoperabilidad de los sistemas jurídicos, facilitando la cooperación entre países.
- Facilita la reutilización de datos jurídicos como base de nuevos servicios y productos de valor añadido que mejoran la eficiencia del sector.
- Impulsa la transparencia y la rendición de cuentas de los Estados Miembros.