El Consejo de Ministros ha aprobado mediante Real Decreto, a propuesta de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Política Territorial y Función Pública, el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos , que aborda la regulación global y unitaria del funcionamiento del sector público por medios electrónicos tanto en el ámbito interno de las Administraciones como en las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos y empresas.
El Real Decreto unifica en un mismo Reglamento el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos previstos en las dos leyes de cabecera en esta materia (la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Con ello, se logra una importante labor de sistematización y ordenación, con un notable esfuerzo de simplificación de conceptos técnicamente complejos.
El Reglamento profundiza en el objetivo de contar con una Administración Pública digital, moderna, accesible y personalizada a las necesidades de los distintos colectivos sociales. Este Real Decreto consolida la normativa relativa a servicios electrónicos a la ciudadanía y empresas, e impulsa el uso y los beneficios de la digitalización en la Administración.
Por ejemplo, facilitará el avance para que la ciudadanía no tenga que volver a aportar información de la que ya disponga la propia Administración, que pueda consultar las notificaciones en una dirección de notificaciones única y que pueda acceder a un punto único de información a través del PAGe (Punto de Acceso General electrónico).
El Reglamento dota a España del marco regulatorio imprescindible para afrontar los grandes desafíos que plantean la evolución de tecnologías disruptivas, su aplicación a la gestión de la información y la ejecución de políticas públicas, los nuevos modelos de relación de ciudadanos y empresas con las Administraciones Públicas y la reutilización eficiente de la información.
Su entrada en vigor, el próximo 2 de abril, eliminará definitivamente la superposición de regímenes jurídicos distintos y facilitará a ciudadanos, empresas y administraciones el desarrollo reglamentario básico en un solo texto, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica, que es uno de los objetivos de la norma.
Con la aprobación de este Reglamento se cumple una de las medidas para la transformación digital del sector público incluida en la Agenda España Digital 2025 y con una de la reformas que se contemplan en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para el primer semestre del año.
España cuenta con una posición muy favorable para abordar la transformación digital y, en lo que concierne a la Administración electrónica, está situada entre los países más avanzados de la Unión Europea, gracias al esfuerzo continuado de las Administraciones Públicas, según refleja el informe DESI de la Comisión Europea.