La Ley 18/2015 , de 9 de julio, incorporó al ordenamiento jurídico español los cambios introducidos por la Directiva 2013/37/UE, modificando la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Esta ley consagró la obligación inequívoca de las Administraciones y organismos del sector público de poner a disposición la información reutilizable, con las excepciones previstas, así como la mejora de la regulación de los formatos y la incorporación del principio de costes marginales en el cálculo del régimen de tarifas por la reutilización de documentos.
Resulta necesario acometer un desarrollo reglamentario actualizado a esta situación normativa, que complete y aporte mayor seguridad jurídica a este nuevo escenario. Este real decreto, que se somete ahora al trámite de audiencia, viene a solucionar esta necesidad. Desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, incorporando las novedades que trae consigo la directiva comunitaria 2013/37/UE, de 26 de junio, primando el concepto de puesta a disposición de la información frente al de autorización, además de establecer un modelo sólido de gobernanza que garantice la adecuada coordinación de las iniciativas que se lleven a cabo en materia de datos abiertos. En este sentido, se pone de relevancia el aprovechamiento de las sinergias existentes con las políticas de transparencia.
El trámite de audiencia e información pública tiene por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades. Este trámite se encuentra publicado en la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública . La recepción de aportaciones estará abierta hasta el próximo 20 de marzo.