Situación actual y futuro del open data en el ámbito judicial

Uno de los ámbitos pioneros en la reutilización de la información del sector público ha sido el referido a la información judicial. Incluso con anterioridad a la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, los profesionales de dicho ámbito ya se manejaban con soltura en la consulta de repertorios jurisprudenciales publicados por entidades privadas.

Esta realidad tuvo su propia proyección en el ámbito normativo y jurisprudencial, llegando a convertirse en uno de los asuntos más destacados sobre la reutilización de la información del sector público. Al amparo de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público , el Consejo General del Poder Judicial aprobó en 2010 un Reglamento sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales . Tan sólo unos meses después el Tribunal Supremo, a través de una sentencia dictada el 28 de octubre de 2011, anuló dicho Reglamento y, desde entonces, no se ha vuelto a establecer un marco específico alternativo. Más allá de las polémicas y discusiones que suscitó este pronunciamiento judicial —con voto particular de varios magistrados— y de las razones de fondo en que se fundamenta, lo cierto es que se trata de un claro ejemplo de la complejidad subyacente en este ámbito material y que, como no podía ser de otra manera, se proyecta sobre las posibilidades de reutilizar la información conforme a los parámetros del open data.

Así, por una parte, existe una pluralidad de actores implicados lo que, en última instancia, dificulta la posibilidad de prestar servicios avanzados por cuanto la disponibilidad de los datos depende de múltiples fuentes gestionadas de manera diversa y por sujetos también distintos: jueces y magistrados, los respectivos órganos de gobierno judiciales en diversos niveles territoriales y competenciales, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes en materia de Administración de Justicia por lo que se refiere a la gestión de los medios personales y materiales, Fiscalía, Abogacía… Por otra parte, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, el uso generalizado de medios electrónicos tanto en la gestión procesal como, asimismo, en las relaciones con las partes y los profesionales, todavía se encuentra en un estado inicial que, en definitiva, dificulta la accesibilidad de la información asociada conforme a las exigencias de los datos abiertos.

En todo caso, debe recordarse que la accesibilidad del texto completo de las resoluciones judiciales a través de medios electrónicos y de forma gratuita es una realidad desde hace ya varios años gracias al impulso decidido del Poder Judicial a través del Centro de Documentación Judicial-CENDOJ , de manera que gracias a un potente buscador pueden consultarse de manera libre las decisiones de los principales órganos judiciales. Si bien, tal y como se informa en las condiciones de uso de este servicio , el acceso a tales documentos por esta vía únicamente se permite para uso particular al estar expresamente prohibido su utilización para fines comerciales e, igualmente, la descarga masiva de resoluciones. De manera que la reutilización con fines comerciales requiere la previa autorización a través del referido CENDOJ, según las condiciones establecidas por el Consejo General del Poder Judicial.

Más allá de disquisiciones conceptuales acerca de la denominación a utilizar, lo cierto es que el Gobierno Abierto en el ámbito judicial es una demanda creciente a nivel social que está empezando a materializarse en ejemplos muy destacados y tiene reflejo en el esfuerzo que se está realizando en destacados proyectos de investigación —tanto en el contexto nacional como internacional— y también ha sido objeto de debate en foros académicos. Ya desde el terreno de las iniciativas concretas, una de las principales apuestas de la Agenda Estratégica 2015/2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia es, precisamente, el impulso del open data dentro del Eje Hacia una Justicia Abierta. Por su parte, el Portal de Transparencia del Poder Judicial también supone un decidido impulso por facilitar el acceso a información relevante que, por lo que ahora interesa, cuenta con una completa base de datos de acceso libre que permite obtener información precisa sobre la actividad de cada órgano judicial que, incluso, se puede descargar en formatos abiertos. También, por lo que se refiere al open data, algunas Comunidades Autónomas facilitan el acceso automatizado a los datos relativos a los partidos judiciales o a las dependencias oficiales que, además, pueden ser también visualizados a través de sistemas de geolocalización.

En definitiva, el impulso de la accesibilidad de la información judicial según los planteamientos de los datos abiertos y, en concreto, a la manera en que se aplican las normas por los órganos judiciales constituye no sólo una oportunidad para la innovación en la provisión de nuevos servicios avanzados sino que, asimismo, se presenta como una herramienta al servicio de la seguridad jurídica y los derechos fundamentales. Más aún, teniendo en cuenta las posibilidades que de modo incipiente ofrece la inteligencia artificial, el big data y en general las herramientas disponibles para el análisis avanzado de la información, no parece que la predictibilidad de las decisiones de los órganos judiciales sea una mera hipótesis a nivel teórico sino que podría llegar a convertirse en una auténtica realidad incluso a corto plazo.

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