El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero que tiene como objetivos impulsar la innovación financiera aprovechando todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, a la vez que se garantiza un adecuado nivel de seguridad tanto para las entidades como para los clientes financieros. Este anteproyecto de Ley se acompaña de dos Reales Decretos que conforman un paquete regulatorio completo para la modernización del sector financiero.
Este paquete normativo incorpora al ordenamiento jurídico español diferentes directivas y reglamentos comunitarios y modifica normas nacionales para incentivar la digitalización, fomentar la competencia y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo entorno tecnológico, con un marco adecuado que mitigue los riesgos, genere confianza entre los usuarios y se preserve la estabilidad financiera.
El anteproyecto se ha elaborado en colaboración con el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como de otros organismos con un interés directo en la digitalización del sector financiero.
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de ciberresiliencia
La aplicación de nuevas tecnologías al sector financiero implica grandes cambios derivados de la aparición de nuevos actores y la utilización de nuevas tecnologías. Con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo debe asegurarse la resiliencia operativa y digital de los actores en el sistema financiero.
En este contexto, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad de la política financiera en un momento de uso creciente de nuevas tecnologías, de forma que los sistemas e infraestructuras puedan estar protegidos y preparados para actuar frente a posibles disrupciones y ciberataques. El objetivo es garantizar un funcionamiento ininterrumpido del sistema financiero.
En este ámbito destacan dos medidas del anteproyecto de ley: la primera es la implementación del régimen sancionador aplicable a los incumplimientos del Reglamento europeo sobre resiliencia operativa y digital (conocido como Reglamento DORA), y la segunda es ajustar las obligaciones de ciberresiliencia para operadores de sistemas de pagos, procesadores de pagos y esquemas de pagos. Aunque estas entidades no están sujetas al Reglamento DORA, en España se decidió incluirlas en diciembre de 2023 para garantizar el buen funcionamiento del sistema de pagos.
Completar los desarrollos para la aplicación de la normativa sobre Criptoactivos.
También se incluyen en este proyecto los desarrollos necesarios para la aplicación del Reglamento MiCA y toda la normativa europea sobre criptoactivos.
Con este objetivo se actualiza la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para garantizar su cumplimiento por las entidades que prestan servicios de criptoactivos.
Asimismo, se asegura que las entidades que venían prestando servicios de criptoactivos antes de la entrada en vigor del Reglamento puedan seguir haciéndolo sin autorización hasta el 30 de diciembre de 2025 (plazo de 12 meses decidido en España, que acorta en 6 meses el periodo transitorio de MiCA), a la vez que se acuerda el traspaso a la CNMV del registro de proveedores de determinados servicios de criptoactivos.
Impulsar el desarrollo de soluciones basadas en tecnología de registros distribuidos en los mercados de capitales
Además, la tecnología de registros distribuidos (DLT por sus siglas en inglés) no solo ha permitido el desarrollo de criptoactivos, sino que también posee un gran potencial para revolucionar los mercados de capitales ofreciendo importantes ventajas en términos de eficiencia si se utiliza para la emisión, negociación y distribución de instrumentos financieros tradicionales como acciones o bonos.
Uno de los reales decretos que acompañan al anteproyecto de ley contiene las previsiones necesarias para poder representar instrumentos financieros en DLT.
Actualizar el funcionamiento del sandbox financiero
Por otro lado, esta ley moderniza el funcionamiento del sandbox financiero español, que se ha configurado en una herramienta de enorme valor para la innovación tecnológica y jurídica en el conjunto del sector financiero.
En base a la experiencia de 4 años de funcionamiento, se proponen varias mejoras para facilitar el acceso al sandbox, entre las que destacan que los promotores podrán presentar sus proyectos en cualquier momento del año y avanzar en la tramitación de la solicitud hasta que se decida su admisión y se promueve una mayor interacción entre promotores y supervisores. Asimismo. se reducen las cargas administrativas asociadas a participar en el sandbox, facilitando el uso de declaraciones responsables y simplificando el régimen de garantías exigidas para el periodo de prueba de los proyectos. A su vez, se persigue una mayor visibilidad de los proyectos a través de la posibilidad de convocatorias temáticas.
Mejorar la prestación de servicios de pago
También destacan las novedades en el ámbito de la prestación de servicios de pago y la regulación de los sistemas de pago, para actualizar y modernizar el marco jurídico y fomentar la competencia entre distintos tipos de entidades.
En este sentido, se adapta nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento europeo de pagos instantáneos, que busca fomentar la competencia, de forma que nuevos actores, como las entidades de pago y entidades de dinero electrónico puedan ser participantes directos de los sistemas de pagos (Iberpay), igualando así el terreno de juego para todos los participantes. Además, se propone al Banco de España como autoridad competente para supervisar que las administraciones públicas cumplen con la obligación de aceptar pagos procedentes de cuentas extranjeras y se moderniza y flexibiliza el régimen de Iberpay en línea con las infraestructuras de nuestro entorno.
Promover el conocimiento del mercado financiero facilitando el acceso a la información financiera y no financiera
Por último, se modifica la normativa financiera sectorial para adaptarla a la creación del Punto de Acceso Único Europeo (PAUE) y establecer, caso a caso, las condiciones técnicas que debe cumplir la información a enviar. Este repositorio común contribuirá sin duda a aumentar el conocimiento del mercado financiero y estandarizar la información, permitiendo mejores condiciones de financiación para los emisores y para las empresas que voluntariamente quieran remitir su información y hacerla accesible para todo tipo de inversores, en un formato digitalizado, estandarizado y legible por máquinas. Se espera que esto beneficie en particular a los emisores de menor tamaño, sobre los que existe mayores dificultades de acceso a información estandarizada en la actualidad.
