Las nuevas leyes de procedimiento administrativo transforman la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, inauguró el 20 de junio de 2016 el Congreso sobre novedades en el procedimiento administrativo común, que se centra en las nuevas leyes administrativas de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, y que ha organizado la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, dependientes ambos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público van a suponer, ha dicho Beteta, la mayor revolución administrativa desde principios de los años noventa en la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración.

Mejoras para los ciudadanos

• Se facilitan sus relaciones electrónicas con la Administración, habilitando la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración
• Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica en los trámites administrativos, con claves concertadas, asistencia personal en el uso de medios electrónicos y sistemas de alerta al ciudadano mediante mensajería móvil
• Se reducen las cargas administrativas: como regla general no se solicitarán documentos originales ni fotocopias.
• Procedimiento común único, más sencillo y procedimiento administrativo “exprés” para supuestos de menor complejidad.
• Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

Mejoras para las empresas

Las leyes de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público presentan innovaciones que permiten optimizar la productividad y competitividad de las empresas.

• Se establece la obligatoriedad de relación de forma electrónica entre las empresas y las AAPP, como viene haciéndose con éxito en la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con una especificidad: las empresas podrán otorgar poderes electrónicamente a sus representantes.
• Se reducen las cargas administrativas, al no exigirse documentos presentados con anterioridad o elaborados por la propia Administración, como licencias o autorizaciones.
• Se fija una fecha común, en enero y junio, de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad.

La paulatina introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha exigido un cambio que ha estado definido por los trabajos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la CORA, que ha analizado lo que necesita mejorar y lo que se mantiene vigente. Hasta el momento, se han implantado casi 200 medidas, con un ahorro acumulado de 30.947 millones de euros para el conjunto de las Administraciones Públicas y de 4.026 millones de euros para ciudadanos y empresas.

Las nuevas leyes administrativas apuestan por una Administración Pública íntegramente electrónica, interconectada, que no usa papel y que facilita las relaciones electrónicas de los ciudadanos y las empresas con la Administración, así como las comunicaciones electrónicas entre las Administraciones, con el establecimiento, por primera vez, de un régimen de supervisión, evaluación y extinción de entes públicos.

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS AAPP

Regula las relaciones externas de la Administración con los ciudadanos y las empresas. Las principales novedades que trae consigo esta ley son:

• No habrá procedimientos especiales salvo las excepciones recogidas en la Ley
• Se integran como trámites especiales los anteriores procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial
• Se establece de un procedimiento administrativo “exprés” para supuestos de menor complejidad
• Se suprimen las reclamaciones previas en vía laboral y civil
• Se computan los plazos por horas
• Se publicitan con anuncios las notificaciones infructuosas del BOE
• No es necesario presentar documentos originales ya presentados o elaborados por las Administraciones
• Se establece el pago electrónico de Obligaciones

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

Regula la organización y las relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones. El objetivo de esta norma es la racionalización e incluye la normativa básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas y el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado (AGE). Introduce tres novedades:

• Sector Público Institucional: describe con carácter básico su objeto, su ámbito subjetivo, sus principios generales de actuación, un inventario de entidades y, lo más trascendente, establece por primera vez un control de la eficacia y una supervisión continua, que incluye una mayor exigencia en la creación de organismos públicos, de forma que no se creen entes superfluos.
• Novedades administrativas en los servicios centrales de la AGE: se precisan los principios de organización y funcionamiento de la AGE, principalmente la transparencia, se priorizan las relaciones entre AAPP de forma electrónica y la descentralización y desconcentración y se determina la estructura de la AGE.
• Novedades en la Administración Periférica: Clarifica el ámbito competencial y estructural de las Delegaciones de Gobierno y sus servicios territoriales, de forma que sean un auténtico instrumento de vertebración de la acción del Estado en todo el territorio nacional.

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