La transformación digital del Sector Público ha de ir acompañada de medidas organizativas y técnicas de seguridad que protejan la información manejada y los servicios prestados, proporcionadas a los riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas, particularmente de las ciberamenazas, errores o fallos y accidentes o desastres.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
recoge entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, establecidos en su artículo 13, el relativo “a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas”. A la vez que la seguridad figura entre los principios de actuación de las administraciones públicas, así como la garantía de la protección de los datos personales, según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 3 que trata los principios generales relativos a las relaciones de las administraciones por medios electrónicos.
