El Registro Central de Delincuentes Sexuales
entró en funcionamiento hace un año para cumplir con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que exige la obligatoriedad de presentar el certificado de delitos de naturaleza sexual a los ciudadanos que ejercen o vayan a ejercer una actividad que implique contacto habitual con menores. Desde su puesta en marcha se han expedido más de 2,1 millones de certificaciones, de las cuales 1,6 millones se han emitido de forma electrónica.
La creación de este registro ha supuesto un apoyo en la lucha contra la delincuencia sexual que se ejerce sobre los menores, uno de los delitos que merece un mayor reproche social y un esfuerzo proporcional por parte de todos los operadores implicados en castigar a los delincuentes y articular cauces de prevención más eficientes. A través de la información que proporciona el Registro Central de Delincuentes Sexuales se protege a los menores contra la explotación y el abuso sexual mediante un mecanismo de prevención que impide que quienes han sido condenados en sentencia firme por dichos delitos puedan realizar actividades que impliquen el contacto habitual con menores.
El Registro Central de Delincuentes Sexuales obtiene sus datos gracias a su interoperabilidad con el Registro Central de Penados y el de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores sin que los órganos judiciales tengan que realizar ninguna inscripción adicional. A su vez, facilita la información a jueces, fiscales y Policía Judicial para la investigación y persecución de estos delitos. Además, permite de manera gratuita y por medios electrónicos, la certificación de los datos inscritos, lo que posibilita al ciudadano acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos.
Los canales para solicitar el certificado de delitos de naturaleza sexual son los siguientes:
- Solicitud presencial en las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administración Local y en el Centro de Atención al Ciudadano de Madrid.
- Solicitud por internet a través de la Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia con certificado digital electrónico o DNI electrónico.
- A través de la Plataforma de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Cualquier organismo público o privado que delegue en alguna Administración Pública puede recabar información de sus trabajadores o candidatos de forma individual o conjunta, previo consentimiento expreso de estos.
