Transcurridos cuatro años desde la publicación de la Comunicación de la Comisión Europea‘ Una Estrategia de Datos’ (febrero de 2020) -en la que se establecen las líneas generales de la futura economía de datos de la Unión Europea- la profusión de normativa relacionada con este ámbito, la creciente importancia de los datos abiertos y el despliegue de iniciativas de todo tipo que inciden en el desarrollo del mismo, aconsejan realizar una revisión que actualice el estado de la cuestión.
Así lo pensaron los miembros de la red PromethEUs1 que bajo el título de ‘ La Estrategia europea del dato desde una perspectiva multidimensional ’ publicaron en junio de 2023 un análisis que desgrana dicha Estrategia desde dos enfoques principales: los aspectos políticos y regulatorios, por un lado, y los aspectos geopolíticos, por otro. Este análisis se complementa con dos capítulos que presentan el impacto económico de la innovación basada en datos y el caso concreto de la digitalización del sector de la salud en el sur de Europa.
El primero de los análisis -elaborado por el Instituto de Política Pública de Portugal - parte de la idea principal de que la Unión Europea aspira a crear una economía basada en los datos cuyo centro sean los ciudadanos. Un objetivo que, en parte, se alcanzará implementando las directrices seguidas de actos legislativos como el Reglamento de Gobernanza de Datos (DGA en sus siglas en inglés) y el Reglamento de Datos (Data Act).
Regulaciones a considerar
En esencia, la DGA habilita un marco facilitador del intercambio de datos, promoviendo su disponibilidad y la creación de un entorno fiable y seguro donde materializar nuevos servicios y productos innovadores. De entre sus principales medidas destacan tres aspectos:
- Una reutilización más extensa de información protegida que obra en manos del sector público (con pleno respeto a su privacidad y confidencialidad).
- Un marco para el fomento de servicios neutrales de intermediación de datos, garante de la soberanía del dato.
- Unos mecanismos para la cesión altruista de datos.
La DA, por su parte, tiene por objeto establecer reglas armonizadas sobre el acceso y el uso equitativo de los datos, hacer frente a los desequilibrios en las relaciones contractuales entre proveedores y usuarios en lo relativo a la propiedad y uso de los mismos, promover su interoperabilidad y portabilidad eficiente, así como garantizar unas condiciones mínimas para los usuarios de servicios de tratamiento de datos.
Otros textos normativos inciden, directa o indirectamente, en el objetivo global descrito e interactúan de forma significativa tanto con las referidas DGA y DA, como con la regulación sectorial específica. Entre ellas,
Efectos de la estrategia europea de datos
Efectuado el repaso de los aspectos que consideran más relevantes de dicha regulación, el documento de PromethEUs destaca tres dimensiones en cuanto a los efectos de la Estrategia europea de los Datos: la política, la económica y la propiamente regulatoria. Efectos, por otro lado, que esperan sean positivos en términos generales, pese a que reconocen la existencia de incertidumbre en relación con las leyes asociadas y su implementación práctica.
Dimensión política
En la dimensión política, los autores destacan el papel que jugarán tanto la Comisión Europea, como el Comité Europeo de Innovación en materia de Datos (EDIB en sus siglas en inglés) previsto en el artículo 29 de la DGA. El EDIB ostenta un papel de coordinación imprescindible que se tendrá que desplegar, igualmente, en relación con los Estados miembro y las respectivas autoridades competentes. En este sentido, advierten los autores, la falta de coordinación puede llevar a un marco institucional heterogéneo que puede retrasar la implementación de la Estrategia. Recomiendan, además, que se establezcan directrices claras e incluso guías que prevengan de la posible confusión en cuanto a los requisitos y eventuales penalizaciones que impongan los Estados.
Dimensión económica
En la dimensión económica, destaca el informe que la Comisión espera un claro impacto positivo y citan un estudio de la OCDE que estima que el acceso y compartición de datos generará beneficios sociales y económicos por un valor de entre el 0,1 y el 1,5% del GDP en el sector público de datos; que alcanzaría entre el 1 y el 2,5% (algunos estudios lo elevan al 4%) sumando el privado. La Comisión, explica el documento, estima que el incremento de la disponibilidad de datos para el uso comercial y la innovación entre empresas, así como para consumidores y compañías usuarias de productos conectados y servicios relacionados, pueden generar hasta 196.700 millones de euros al año en 2028. Solo la aplicación de la DA creará hasta 2,2 millones de empleos en el periodo 2024-2028.
En este sentido, y en relación con el objetivo de la Estrategia de impulsar la competitividad y la inversión en I+D, dicen los autores que la DGA y la DA deberían crear confianza para la compartición de datos B2B; y que la idea central sería que las compañías no focalicen sus recursos y su modelo de negocio exclusivamente en el mantenimiento interno de sus datos, sino en la creación de valor mediante la transformación y combinación de datos. Igualmente, en relación con las pymes, apuntan la necesidad de reducir las barreras de acceso y especialmente los costes de cumplimento que puede inducir la DA. Incluso considerando que las pymes están protegidas en muchos aspectos, explican, dichos costes pueden ser un revés para muchas empresas. Así, aseguran, mientras que para algunos pueden significar costes financieros añadidos, para otros pueden significar un total rediseño de los modelos de negocio de la compañía.
Dimensión regulatoria
Por último, en cuanto a la dimensión regulatoria, los autores señalan que la implementación de la DA y la DGA va a requerir de cuerpos regulatorios bien capacitados para el abundante trabajo que emanará de aquellas. La creación de cuerpos efectivos requerirá ––explican–– de una significativa inversión en recursos humanos y habilidades. Alertan, por otro lado, del riesgo de solapamiento de atribuciones entre administraciones públicas y reguladores en áreas como la protección de datos, la ciberseguridad, la infraestructura de red y los temas de competencia. Por lo cual, concluyen, será primordial, entre otras cuestiones, una adecuada coordinación de actividades.
Efectivamente, coordinación es un concepto clave a todos los niveles. La evolución que experimente la Economía del Dato ––tanto a nivel de la Unión como globalmente–– está vinculada, sea cual sea el ámbito analizado, a ese imprescindible factor. Un factor aplicable a cómo se implemente y despliegue la Estrategia Europea, auténtica batuta que está marcando el paso de este proceso. Pero también aplicable a la forma en la que se interrelacionen las múltiples normativas concernidas y, en consecuencia, a la imprescindible actuación armonizada de las autoridades y organismos que las apliquen en sus respectivos ámbitos de competencia. En definitiva, una coordinación que, como la batuta virtuosa del director de orquesta, permita una ejecución exitosa de la partitura. Una partitura ––la Estrategia Europea–– que se traduzca en la melodía vigorosa que promete la Economía del Dato, como ya demuestran los indicadores y registros que perfilan su imparable evolución.
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Información y datos del sector público