La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 150 millones de euros ampliables y tiene por finalidad proporcionar un servicio de asesoramiento digital para que las pymes puedan dar un paso más en su transformación digital.
Las nuevas normas de la UE que ponen a disposición conjuntos de datos de alto valor para impulsar la inteligencia artificial y la innovación basada en datos, entraron ayer en vigor y comienzan a aplicarse en todo el espacio europeo.
Al adherirse a estándares abiertos, las organizaciones y los gobiernos pueden promover un entorno digital más colaborativo e integrado ya que estos estándares fomentan la interoperabilidad, reducen costo, evitan dependencias de un único proveedor de software y mejoran la flexibilidad y la innovación en varios sectores
La norma tiene el objetivo de garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, así como el derecho a la protección de sus datos personales y al acceso a contenidos adecuados para su edad.
La estrategia es una iniciativa del Gobierno que refuerza la posición de España en la vanguardia tecnológica, promueve el uso de la lengua española y de las lenguas cooficiales en los modelos de inteligencia artificial (IA) y propicia su aplicación en la Administración Pública y en las empresas.
Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA) anunciaron ayer que han concluido un Memorando de Entendimiento multilateral para fortalecer la cooperación y el intercambio de información con la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA).
Los datos abiertos deben ser accesibles por naturaleza, es decir, deben estar disponibles de forma gratuita y sin barreras que puedan restringir su acceso y reutilización.
Para informar sobre la Estrategia de Unión de la Seguridad de la UE 2020-2025, el pasado 15 de mayo, la Comisión publicó el Séptimo Informe de Progreso, para afrontar los desafíos de seguridad y salud pública -entre otros- con mayor eficiencia y agilidad.
Los datos geoespaciales que publica el CNIG son considerados conjuntos de datos de alto valor tal y como establece la UE. Por esto mismo, deben estar puestos a disposición de la ciudadanía antes de junio de 2024 ya que están asociados a grandes beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía.
