Este informe analiza el desarrollo de la Administración Electrónica, a partir del Índice de Desarrollo de la Administración Electrónica de la ONU (E-Government Development Index, EGDI). El EGDI es un índice compuesto de 3 subíndices, que analiza tres dimensiones: la idoneidad de las infraestructuras de telecomunicaciones (TII), las capacidades de los recursos humanos para promover y usar las TIC (HCI), y la disponibilidad de contenidos y servicios online (OSI).
El informe también incluye un índice suplementario, el Índice de E-participación (EPI), que evalúa el uso de los servicios online por parte de los gobiernos para proporcionar información a sus ciudadanos, interactuar con ellos, e involucrarlos en el proceso de toma de decisiones y en el codiseño de los servicios, mediante consultas online.
En la Encuesta de Gobierno Electrónico 2020 España figura en el grupo de países con muy alto rendimiento en el Índice de Desarrollo de la Administración Electrónica (EGDI), al obtener una puntuación en el EGDI superior a 0.75, manteniendo el puesto número 17 en el ranking global.
El informe indica que todos los países en el grupo de muy alto rendimiento han demostrado consistencia y progreso en las diferentes áreas de sus estrategias de política digital, y en la coordinación e implementación de sus servicios públicos digitales.
Dentro del ámbito de los países de la UE España se sitúa en la séptima posición.
El estudio proporciona, adicionalmente, una evaluación del gobierno electrónico a nivel local, analizando las 100 ciudades más pobladas del mundo (incluyendo solo una por país), a través del Índice de Servicio Online Local (LOSI) que evalúa el desarrollo de la administración electrónica a nivel local, a través de los portales oficiales. En este índice, la ciudad de Madrid aparece en la primera posición del ranking, al estar en el primer puesto en las categorías de provisión de contenidos, provisión de servicios y participación, y el segundo puesto en la categoría de tecnología.
A lo largo del informe, se insiste en la oportunidad que la digitalización del sector público supone para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030.
