La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado una propuesta práctica y efectiva de sistema de verificación de edad y protección de las personas menores de edad en Internet ante el acceso a contenidos para adultos. Con la presentación de este sistema, la Agencia demuestra que es técnicamente posible proteger a los menores del acceso a contenidos inadecuados a la vez que se garantiza el anonimato de los adultos en su navegación por internet.
El sistema presentado por la Agencia se compone de un Decálogo que recoge los principios que debe cumplir un sistema de verificación de edad
, una nota técnica con los detalles del proyecto y tres vídeos prácticos que demuestran cómo funciona el sistema en diferentes dispositivos , con sistemas operativos distintos y empleando varios proveedores de identidad. Ello se complementa con un gráfico que recoge los riesgos de los sistemas de verificación de edad que utilizan en la actualidad .
La presentación de este sistema ha tenido lugar en el acto de celebración del 30 aniversario de la AEPD, en el que la directora de la Agencia, Mar España, ha destacado la importancia de implementar un mecanismo que trate el atributo de la edad en el dispositivo del usuario, sin que la identidad de la persona ni la condición de menor sea accesible para las páginas web. “En este proyecto hemos conjugado la protección a la infancia y el interés superior del menor con el derecho fundamental a la protección de datos de todos los ciudadanos, poniendo sobre la mesa una solución práctica, respetuosa y pionera en Europa.
Creemos que esta iniciativa supone un gran paso adelante hacia una sociedad digital avanzada que protege a la ciudadanía y especialmente a su infancia”.
Además de la legislación sobre protección de datos, otras regulaciones establecen disposiciones para proteger a los menores. La Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer sistemas de verificación de edad respecto a contenidos que puedan perjudicar a los menores y que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) evaluará la idoneidad de los sistemas, previo informe preceptivo de la AEPD conforme a los criterios que se han desarrollado en el Decálogo. En este sentido, la presidenta en funciones de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, Pilar Sánchez, ha anunciado el lanzamiento hoy mismo de una consulta pública dirigida a los distintos agentes implicados a fin de poder conocer la situación de los sistemas de verificación de edades con el objetivo de conseguir una norma eficiente.
Por su parte, la presidenta-directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), Isabel Valldecabres, ha anunciado que “como entidad pública, que siempre garantiza la seguridad y la confianza, estamos totalmente comprometidos con esta iniciativa, por lo que ya estamos trabajando en el desarrollo de una app que servirá para ayudar a proteger a este colectivo tan vulnerable”.
Los sistemas de verificación de edad que se emplean actualmente en Internet (autodeclaración, compartir credenciales con el proveedor de contenidos, que sea este el que estime la edad o que exista una entidad intermediaria entre el usuario y el proveedor) han demostrado riesgos claros: localización de menores de edad a través de Internet, falta de certidumbre sobre la edad declarada, exposición de la identidad a múltiples intervinientes en la Red, perfilado masivo, o recopilación y tratamiento de datos no necesarios, entre otros.
El objetivo del sistema de verificación de edad presentado hoy por la Agencia, que también sirve también para verificar los 14 años como acceso a redes sociales, es proteger al menor del acceso a contenidos para adultos y que estos contenidos, a su vez, puedan ser accesibles para aquellas personas que puedan demostrar su edad sin necesidad de hacer visible su identidad. No se trata de que los proveedores de contenidos o terceros conozcan que la persona que está accediendo es menor (lo que supondría una exposición o señalamiento de un usuario como menor y se multiplicarían los riesgos) sino que tengan la garantía de que la persona que accede a los contenidos para adultos puede hacerlo, demostrando su condición de “persona autorizada a acceder”.
La última Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge un ascenso preocupante de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad, con un aumento del 116% desde 2017. Solo en 2022 se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores. Según la Fiscalía, las causas que explican este auge son complejas, destacando entre ellas el visionado inapropiado y precoz de pornografía violenta. En paralelo, según una encuesta de la ONG Save The Children, más de la mitad de los menores ha accedido por primera vez a la pornografía antes de los 13 años, y un 8,7% antes de los 10 años, con una edad media de 12 años. Esa misma encuesta refleja que casi la mitad de los adolescentes ha imitado alguna vez lo que ha visto en la pornografía y que no siempre lo ha hecho de mutuo acuerdo.
El Decálogo de principios para la verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos para adultos en Internet de la Agencia establece las condiciones mínimas que se deben cumplir para establecer sistemas idóneos que generen confianza y protejan el interés superior del menor y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. A su vez, que sean sistemas que impidan que un menor pueda ser localizado a través de Internet, garanticen el anonimato de los usuarios adultos, minimicen los datos tratados o desvelados a terceros y velar por que las familias sean partícipes de los criterios para proteger a los menores. Además, para que estos sistemas estén alineados con los principios y soluciones de las normativas nacionales y europeas que garantizan la identidad como un derecho, en particular, con la regulación eIDAS2 y la cartera digital europea.
Partiendo de este Decálogo, la Agencia ha realizado una serie de pruebas para demostrar que la protección del menor se puede materializar de forma práctica y concreta.
