El cumplimiento de las recomendaciones de este nuevo enfoque «contra la cautividad» permitiría al sector público ahorrar más de 1 100 millones de euros al año. Por ejemplo, la apertura de los procedimientos de licitación podría atraer a un número cada vez mayor de licitadores con mejores ofertas (normalmente, la duplicación del número de ofertas reduce el importe del contrato en un 9 %).