Según un nuevo informe de la OCDE, los gobiernos pueden fortalecer la confianza pública al asegurar una participación ciudadana relevante en la toma de decisiones con el uso de herramientas como las revisiones del gasto y las tecnologías digitales para aumentar la eficiencia y mejorar el acceso a la justicia y los servicios públicos. Panorama de las Administraciones Públicas 2025 (Government at a Glance 2025)
destaca las crecientes presiones fiscales en los países de la OCDE, donde la deuda pública subió del 73 % en 2007 hasta el 112 % del PIB en 2024.
El informe muestra cómo estas presiones fiscales se producen ante la necesidad de responder a las transiciones demográfica, ecológica y digital, y a los bajos niveles de confianza pública, en un momento en el que, en los países de la OCDE, menos de cuatro de cada diez personas (39 %) afirman confiar en su gobierno, y solo el 37 % cree que el gobierno logra encontrar un equilibrio eficaz entre los intereses de las generaciones actuales y futuras.
«En la actualidad, los gobiernos necesitan reforzar la confianza de la ciudadanía mientras gestionan las presiones fiscales inmediatas y dirigen las transformaciones estructurales a largo plazo, incluidos el cambio demográfico, la transición ecológica y la digitalización», afirmó el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann. «Panorama de las Administraciones Públicas 2025 ofrece recomendaciones basadas en evidencia para garantizar la prestación de servicios públicos eficiente y eficaz que responda a las expectativas y a las necesidades de la ciudadanía, a la vez que se refuerzan las finanzas públicas y se sientan las bases para un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo».
El informe bianual Panorama de las Administraciones Públicas es la principal publicación de la OCDE sobre gobernanza pública y ofrece una visión global de las actividades y el desempeño de las administraciones públicas. La edición de 2025 presenta los últimos datos disponibles sobre finanzas públicas, empleo, instituciones, prácticas presupuestarias, gestión de riesgos y satisfacción ciudadana. A partir de los datos que contiene el informe de este año, la OCDE destaca tres ámbitos clave en los que los gobiernos pueden trabajar para reforzar la confianza de la ciudadanía y promover la prosperidad.
Una de las principales recomendaciones es mejorar la sensación de dignidad de la ciudadanía en sus interacciones con las administraciones públicas al fomentar una participación ciudadana relevante en la toma de decisiones. De media, solo el 30 % de las personas cree que el sistema político de su país tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía a la hora de actuar, pero hay oportunidades para mejorar la calidad de la implicación de las partes interesadas en el proceso legislativo.
Para impulsar la participación ciudadana, los gobiernos recurren cada vez más a prácticas democráticas deliberativas, como asambleas ciudadanas, jurados y diálogos públicos. Entre 1979 y 2023, la OCDE registró 716 procesos de este tipo, de los cuales el 20 % (148) tuvieron lugar entre 2021 y 2023. Para que sigan siendo efectivos, quienes participan deben recibir información sobre los procesos y sentir que sus aportaciones se concretan en acciones.
El informe también hace hincapié en la necesidad de reforzar los sistemas para responder a las expectativas de la ciudadanía ante los rápidos cambios sociales y económicos. En la mayoría de los países de la OCDE, las cuestiones económicas suponen las principales preocupaciones de la ciudadanía. La inflación encabeza la lista (59 %), seguida de la pobreza y la desigualdad social (33 %), y el desempleo y el trabajo (22 %). El desempleo juvenil sigue siendo especialmente preocupante, y una media del 12.6 % de la población joven no tenía empleo, educación ni formación en 2023. Las administraciones públicas deben seguir ofreciendo mayores oportunidades de educación y formación para ayudar a que la juventud participe y se beneficie del crecimiento económico y establecer trayectorias profesionales más seguras.
El acceso a la justicia también es clave para que la ciudadanía tenga una mayor sensación de seguridad. Para ello, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para garantizar que los sistemas judiciales sean asequibles, accesibles e independientes.
Aumentar la eficiencia y la eficacia de las administraciones públicas mejorará el bienestar de la ciudadanía y su confianza en ellas. El informe muestra el gran potencial que tienen los gobiernos para aprovechar la tecnología y los datos con el fin de mejorar su desempeño. Actualmente, el 60 % de los países de la OCDE utiliza análisis de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnologías móviles para aumentar la eficiencia de las contrataciones públicas, sin embargo, siguen existiendo deficiencias sustanciales en la accesibilidad de los datos. En promedio, solo el 47 % de los conjuntos de datos de alto valor de los gobiernos de la OCDE están disponibles como datos abiertos, y baja al 37 % en el caso de la educación y al 42 % para salud y bienestar social.
Las administraciones públicas también pueden hacer un mejor uso de las herramientas presupuestarias, como revisiones del gasto, para optimizar los recursos existentes, evitar el endeudamiento excesivo y garantizar que el dinero público ofrezca beneficios duraderos. Estas revisiones también pueden aprovechar los datos, las herramientas digitales y la IA para maximizar su eficacia.
Asimismo, el informe muestra que se pueden seguir simplificando las regulaciones para personas y empresas. Para apoyar esta labor, la iniciativa Simplificación para el éxito (S4S, Simplifying for Success) de la OCDE fomenta los esfuerzos mundiales para reducir la carga normativa mediante la racionalización de las regulaciones y los procesos administrativos.
Gobernar para la transición ecológica, objeto de un capítulo especial del informe de este año, pone de manifiesto el alcance y la magnitud de los retos a largo plazo a los que se enfrentan las administraciones públicas, así como la crucial importancia de coordinar las políticas medioambientales a medida que los países se esfuerzan por alcanzar los objetivos climáticos mientras gestionan las repercusiones económicas y sociales.
Veintitrés países de la OCDE han incluido objetivos en materia de emisiones en su legislación y otros cinco se proponen hacerlo. Además, casi la mitad de los países de la OCDE han creado también órganos consultivos independientes dedicados a dirigir y supervisar los avances. Sin embargo, los datos detallados sobre sus funciones y competencias siguen siendo escasos, lo que indica la necesidad de marcos más claros. Del mismo modo, 35 de los 38 países de la OCDE han adoptado marcos de contratación pública ecológica (GPP, green public procurement), pero solo 11 están desarrollando metodologías para medir su impacto ambiental, como la cantidad de emisiones mitigadas.
Evaluar el impacto ambiental de las nuevas leyes, garantizar la alineación con los objetivos de sostenibilidad y cumplir metas claramente definidas ayudará a lograr el amplio consenso social necesario para el éxito de la transición ecológica.
